Ordenanza que multa consumo de cannabis en San Miguel es inconstitucional, advierten especialistas

La norma estigmatiza y criminaliza incluso a quienes la consumen con fines medicinales y representa un retroceso en el campo jurídico, según el abogado penalista Leonardo Latinez.

La activista cannabica Rosario Grados declara que estas medidas que criminalizan la marihuana no hacen que las personas dejen de consumir, sino que continúan estigmatizando a los usuarios de esta planta. Foto: composición LR/EFE/Municipalidad de San Miguel
La activista cannabica Rosario Grados declara que estas medidas que criminalizan la marihuana no hacen que las personas dejen de consumir, sino que continúan estigmatizando a los usuarios de esta planta. Foto: composición LR/EFE/Municipalidad de San Miguel
Gloria Purizaca

La cannabis es una planta usada desde hace varios siglos atrás en diferentes culturas de Asia Central, donde los historiadores hallaron resina psicoactiva en Turpan (China) que se remonta a los años 2700 a. C., siendo una de las evidencias más antiguas del consumo de marihuana. El uso milenario de esta se debe a los diferentes beneficios en el tratamiento del párkinson, esclerosis, epilepsia, dolor crónico, cáncer, entre otros, reconocidos en el 2020 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque ya se conocen las propiedades medicinales de la cannabis —así como la sensación de bienestar y amplificación de las sensaciones placenteras que produce el consumo recreativo—, países en los que figura Perú continúan criminalizándola a través de normas represivas como la última ordenanza emitida por la Municipalidad de San Miguel, la cual multará con S/ 880 “a quienes consuman marihuana y otras drogas en áreas públicas” y faculta realizar una “denuncia penal en caso de comercialización o posesión ilegal”.

Esta ordenanza es inconstitucional por donde la veas y le da la espalda a un ordenamiento jurídico que ya está aceptando el cannabis. Bajo una ordenanza —que tiene rango de ley— se está intentando criminalizar y restringir su uso sin ningún sustento técnico”, afirma a este diario Leonardo Latinez, abogado penalista y consultor en el proyecto de Ley que regula el uso de cannabis medicinal.

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Las personas consumidoras de marihuana cuentan con el amparo de dos leyes: la 30681, que reconoce el uso terapéutico de la planta, y la 30312, ley de cultivo asociativo. “El grave problema es que tú como municipio estás yendo en contra de esto (las leyes). El consumidor de cannabis siempre ha sido perseguido, por más que la ley nunca ha determinado ni ha establecido que el consumo es delito”, enfatiza el especialista.

Como medida complementaria, la comuna dispone que denunciará penalmente los casos de comercialización o posesión ilegal de drogas, otro de los puntos preocupantes para Latinez.

Esa ordenanza tal y como está escrita va a generar un problema porque cualquier serenazgo te querrá intervenir, tendría que estar con un policía si quiere detenerte, y te va a decir: ‘Tú tienes cannabis porque quieres vender’. Automáticamente, te va a generar una bola de nieve. Incluso, quien ha querido consumir se verá envuelto en dos problemas: administrativo y penal. ¿Contrapone hoy en día las leyes? Sí.”, detalla.

El abogado penalista explica que el consumo es una acción que está predispuesta a lo que una persona quiera hacer, por eso indica que es un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual es vulnerado por la medida adoptada por el alcalde Juan José Guevara. Asimismo, recalca que un mismo hecho no se puede castigar tanto por la vía administrativa como por la penal.

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Pero la medida más alarmante es que San Miguel permite que las viviendas multifamiliares puedan establecer multas de acuerdo a su propio reglamento interno “en caso el humo o el olor originado por el consumo de marihuana o tabaco al interior de los departamentos” ocasione molestia a los residentes. Entonces, ¿dónde puede consumir el consumidor, ya sea recreativo o medicinal?

“Si una persona que vive en San Miguel no podrá hacerlo ni en la vía pública de este distrito ni en su casa, no te están dejando desarrollarte como persona dentro de tu propia casa, le están dando la facultad al vecino a llamar a Serenazgo para que te puedan intervenir en tu casa, eso es totalmente ilegal. Aquí no hay diferenciación si es medicinal o recreativo, están poniendo el consumo de marihuana y otras drogas ilegales, así que, si la persona tiene su receta y tiene un tema de salud, igual va a ser sancionada”, expresa Latinez.

Hace cuatro años, sin incluir el autocultivo ni el cultivo colectivo, se legalizó el uso terapéutico del cannabis en Perú. Foto: GLR/Jhon Reyes

Municipalidad de San Miguel responde

La República contactó con Freddy Mayta, gerente de la oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de San Miguel, quien manifestó que esta ordenanza tiene un marco jurídico y precedentes en la regulación de otras conductas que se refieren al consumo de otras sustancias, tales como las bebidas alcohólicas.

“Si bien es cierto que el consumo de cannabis está permitido hasta cierto gramaje, lo que también es cierto es que este consumo debe ser en el marco de la regulación que establecen las entidades que tienen la facultad de hacerlo. En este caso, las municipalidades, en el marco de su autonomía y sus funciones, están autorizadas para establecer el correcto uso o las actividades que se pueden realizar en los espacios públicos”, declara. Agrega que la interpretación de la normativa debe realizarse en conjunto.

“El consumo de la marihuana o de cualquier otro tipo de droga ilegal no se está prohibiendo de manera general porque nosotros no estamos prohibiendo que las personas puedan consumirlo dentro de sus domicilios”, señala.

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Esto pese a que el artículo 6 de la ordenanza detalla que “en caso de considerarlo pertinente, las viviendas multifamiliares, a través de la junta de propietarios, podrán establecer multas u otras consideraciones en el reglamento interno que regula la propiedad exclusiva y común de las propiedades horizontales en caso el humo o el olor originado por el consumo de marihuana o tabaco al interior de los departamentos que ocasione molestia o incomodidad a los demás vecinos residentes del lugar”, como ya se resaltó previamente. Mayta apunta que dicha medida se refiere a quienes “viven en un condominio”.

El funcionario niega que se esté criminalizando la planta y alega que con esta medida se busca garantizar el bienestar de la comunidad, colocándola por encima del interés particular. “¿Cuál sería el sustento para decir ‘este tipo de droga sí y este tipo de droga no’? La normativa te permite la posesión de marihuana y de cocaína hasta cierto gramaje. Entonces, como la ley permite esa posesión, ¿ponemos al mismo nivel a la marihuana con la cocaína?”, cuestiona Mayta.

En tanto, recalca que no se quiere ir en contra de las y los pacientes que se tratan con marihuana, pero que —en caso las autoridades acudan a una denuncia realizada por los vecinos— deben acreditar que son usuarios medicinales.

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La criminalización del cannabis y las drogas: causas y consecuencias

Rosario Grados, especialista en ciencias políticas, excandidata al Congreso y activista cannábica, expone que esta ordenanza está enmarcada en la criminalización de las personas usuarias de marihuana. “Nos hubiera parecido más interesante que se enfatizaran políticas en los colegios de ese distrito sobre el tema de cannabis, drogas, cómo se puede utilizar esta planta. Nosotros siempre hablamos de un consumo responsable y para eso hay que tener información”, sostiene.

Pero, ¿cómo así se empieza a criminalizar esta planta ancestral? En 1971, el expresidente de Estados Unidos Richard Nixon declaró a las drogas como el “enemigo número uno”. “Ese enemigo no eran las drogas, eran las personas”, señala un texto de Proyecto Soma, una plataforma de periodismo y curaduría de información sobre drogas. Así, el foco se ha colocado en quienes consumen estas sustancias y no en las redes de narcotráfico que existen detrás de esta problemática, que transformó a los usuarios en criminales que “que ponen en peligro la moral de las naciones”, lo que genera así la persecución y encarcelamiento.

“La ordenanza no está apuntando al objetivo, que sería la educación y la prevención, sino que mas bien apunta a la criminalización. Las políticas restrictivas no funcionan, estas sobre todo alientan a las personas a probar algo de lo que no tienen suficiente información”, sostiene Grados.

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La activista enfatiza que estas medidas no combaten a los poderes relacionados al crimen organizado como el narcotráfico. Por el contrario, se sanciona a la persona que consume, a la ciudadanía. “Estos estigmas hacen que la planta sea vista como algo malo o ligado a lo criminal, y esto produce que muchos pacientes puedan ser sancionados de manera arbitraria. En lugar de atender su problemática de salud se les trata como delincuentes”, agrega.

Ante ese panorama, la activista invita a que los usuarios de cannabis con fines medicinales puedan registrarse en la web de la Dirección General de Medicamentos (Digemid), portal al que no solo pueden acceder las farmacéuticas como en el pasado, sino que ahora las personas naturales pueden colocar sus datos.

Como indicó el escritor colombiano William Ospina en una columna publicada en junio del 2020, “la tragedia no es la droga, sino la prohibición de la droga, que convierte absurdamente un asunto de salud pública o de recreación privada en un problema de policía”. ¿Cuando, entonces, empezarán los funcionarios públicos a quitarse los estigmas que ellos mismos perpetúan en la sociedad en torno a esta planta?