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Tacna: productores pesqueros se quejan por multas

Demandas. Dirigente en Tacna informó que el sector tiene sanciones de más de 1,600 millones de soles en cuatro años.

Quejas. Plantas reciben multas por incumplir las normas.
Quejas. Plantas reciben multas por incumplir las normas.
Liz Ferrer Rivera

Tacna. Hugo Vera del Río, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores Pesqueros del Sur, advirtió que su sector podría ir a una paralización indefinida a nivel nacional.

Exigen que el gobierno escuche sus reclamos y dé solución a las excesivas multas impuestas por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones del Ministerio de la Producción.

Detalló que entre el 2016 y 2020, esa dirección ha impuesto multas a empresas pesqueras, pescadores artesanales, armadores y comerciantes, por más de 1.697 millones de soles. Hasta la fecha, el ministerio recaudó 241 millones de soles.

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Las multas son impagables y por ellas no hemos podido acceder a ningún tipo de bono para la reactivación económica. De continuar así, las empresas podrían quebrar y con ellas el fin de puestos de trabajo”, declaró Vera.

Expuso que en Tacna funcionan nueve empresas dedicadas al procesamiento de hidrobiológicos. Estas industrias generan 958 puestos de trabajo directos y 3.800 indirectos, entre pescadores artesanales, estibadores, transportistas y otros.

Para Vera las multas son en la mayoría de casos injustificadas y están referidas a infracciones a la Ley de Pesca. Relató que, por ejemplo, una de las normas dispone que la materia prima sea pesada en balanzas camioneras, las cuales no se tienen en Tacna.

“El inspector coloca en su acta que no usamos la balanza a pesar que la norma es inaplicable. Si apelamos es en vano, los burócratas no entienden razones. Otra de las sanciones comunes surge cuando las embarcaciones llevan a pescadores que tienen permisos de pesca obtenidas en un región distinta en la que trabajan”, comentó.

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Los pesqueros han solicitado al Gobierno la extinción de las multas, el archivamiento definitivo de los más de 15.000 reportes de ocurrencias y la derogación de las normas inaplicables. También demandan que se transfiera las funciones de fiscalización, supervisión y sanción a los gobierno regionales.

Piden la desactivación de la dirección general que emite las sanciones por considerarla una institución burocrática y costosa para el Gobierno Peruano.