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Bachillerato automático en manos de la Comisión de Educación

Polémica. Hoy debaten cuatro proyectos de ley que exoneran del trabajo de investigación a los egresados del 2022 y 2023 por la pandemia. Autores son de Renovación Popular, Perú Libre, Acción Popular y Avanza País. Minedu no ve viable la medida; mientras que la Sunedu sí hasta el otro año.

En clase. La propuesta de los congresistas no es bien vista por el Minedu porque se dejaría de fomentar la investigación. Foto: difusión
En clase. La propuesta de los congresistas no es bien vista por el Minedu porque se dejaría de fomentar la investigación. Foto: difusión
Milagros Berríos

Otra discusión en torno a la Ley Universitaria. En el marco de la sesión descentralizada de hoy en Piura, la Comisión de Educación del Congreso tiene previsto debatir cuatro proyectos de ley que proponen ampliar el bachillerato automático para los estudiantes que egresen en los años 2022, 2023 o, incluso, en lo que dure la emergencia sanitaria.

Esta medida, que un sector de legisladores insiste en discutir con celeridad, apunta a que aún no se exija la aprobación de un trabajo de investigación ni el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa, para obtener el grado de bachiller, como lo establece el numeral 45.1 de la ley.

De hecho, esta exoneración ya está vigente para los egresados de los años 2020 y 2021 de universidades públicas y privadas, luego de que en mayo último el Congreso promulgara una norma “de carácter temporal” para acceder de forma automática a dicho grado ante los efectos negativos de la pandemia. No obstante, ahora, cuatro iniciativas legislativas buscan que la medida rija por más años.

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Una de ellas tiene como autor al presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina (Renovación Popular), quien propone que la medida se extienda hasta el 2023. Según su proyecto N° 127, la no obtención del grado ocasiona la falta de acceso al mercado laboral, a lo cual se suman los “altos costos de presentar un trabajo de investigación con deficiencias en la recopilación de información”.

Por su parte, el legislador Jorge Flores, de Acción Popular, busca que el bachillerato automático se aplique a lo largo de la emergencia sanitaria del Covid-19; mientras que Katy Ugarte, de Perú Libre, plantea que sea hasta el 2022-1.

A ellos se suma Alejando Cavero, de Avanza País, quien propone una ampliación hasta el 2022. Al igual que sus colegas, hace alusión a la conectividad, los altos costos e, incluso, dice que la medida no tendrá efectos en la reforma universitaria.

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Posiciones encontradas

Sin embargo, esa no parece ser la posición del Ministerio de Educación (Minedu). En sus últimos informes técnicos afirma que proyectos como el de Esdras Medina no son viables dado que la ley promueve el desarrollo científico y la formación profesional. Además, agrega, el trabajo de investigación es de menor complejidad que el de titulación, y cada universidad puede regular sus características y alcances. “No se ha acreditado la necesidad de la medida considerando que el escenario en que se dispuso el bachillerato automático (para egresados 2020 y 2021) no es similar al presente”.

La Sunedu sí está a favor de prorrogar la medida hasta el 2022. En su informe técnico, de setiembre pasado, refiere que, pese a que existen herramientas y facilidades para estudiantes universitarios, hay un grupo no se encuentra en las mismas condiciones para realizar estos trabajos de investigación.

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En tanto, la Federación de Estudiantes Universitarios del Perú considera “innegociable” la extensión hasta el otro año y en el caso del 2023 estaría sujeto a la continuidad de la pandemia. “Es probable que el 2022 aún haya restricciones para realizar investigación y presencialidad. El acceso rápido al grado permite obtener un trabajo formal”, dice su dirigente Marco Apaza.

“En contra de la reforma”

Para el exdirector de Educación Superior Universitaria del Minedu Jorge Mori, el bachillerato automático va en contra de lo que se busca con la reforma. “Si se flexibilizan o bajan las exigencias, no se cumple con el derecho a la educación de calidad”. Lo que se requiere, dice, es que la ley de presupuesto 2022 asegure recursos para que los egresados puedan desarrollar trabajos de investigación.

La Asociación de Universidades del Perú (ASUP), que inicialmente era crítica a la Ley Universitaria, sugiere una prórroga.

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