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Más de 20.000 pobladores afectados con paralización de obra de saneamiento de S/ 55,8 millones

Lambayeque. Comité Integral de Agua Potable y Alcantarillado advirtió que los trabajos debieron concluir hace un año. Contraloría advirtió que Epsel resolvió contrato con supervisora y no pagó valorizaciones.

La Contraloría emitió dos informes relacionados a la construcción y supervisión de la obra. Foto: Contraloría
La Contraloría emitió dos informes relacionados a la construcción y supervisión de la obra. Foto: Contraloría
Ysela  Vega

Son dos meses que la obra de saneamiento de los 12 pueblos jóvenes ubicados en las márgenes de la carretera Chiclayo – Pomalca está paralizada. Según el cronograma de ejecución aprobado por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), debió concluir en octubre de 2020.

Este problema afecta a más de 20.000 pobladores que exigen a dicha empresa tomar medidas que permitan reiniciar los trabajos que se suspendieron tras las observaciones técnicas y el contrato resuelto con la supervisora, tal como lo advirtió la Contraloría General de la República.

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Situación

El ente de control, en el Informe n.° 009-2021, señaló que la inversión es de S/ 55,8 millones, monto otorgado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Asimismo, señaló que los trabajos empezaron el 7 de marzo de 2019 y alcanzaron un 95% de avance, pero actualmente están paralizados en el componente construcción, que corresponde a una planta de tratamiento de agua potable ubicada en el distrito de Pomalca, debido a desnivelaciones en su estructura.

La Contraloría precisó que la contratista y la supervisión alertaron a Epsel sobre la presencia de fuerzas hidráulicas no contempladas en el estudio técnico y que generarían fisuras y agrietamientos en la planta. Sin embargo, la entidad no implementó acciones y ordenó continuar con la construcción.

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Mientras con el Informe n.° 013-2021, la Contraloría señaló que Epsel no pagó las valorizaciones a la supervisora, lo que ocasionó la resolución del contrato por incumplimiento injustificado de valorizaciones, lo que afectaría los recursos públicos.

Además, detectó que Epsel no reestableció la labor de supervisión, lo cual originaría gastos adicionales al costo de la obra.

Evalúan medidas de lucha

Por su parte, el secretario de Actas del Comité Integral de Agua Potable y Alcatarillado, Rómulo Dávila, lamentó que la obra tenga un año de retraso y que se encuentre paralizada, problema que afecta a más de 20.000 pobladores.

“Los trabajos se iniciaron en 2019, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población. Este objetivo no se cumple”, manifestó a La República.

También advirtió que, si no hay solución a esta problemática, iniciarán medidas de protesta.