Contraloría ordenó investigación penal y administrativa contra 13 funcionarios de Epsel

Lambayeque. El órgano de control dispuso dichas medidas que involucran a la gestión de OTASS por pagos irregulares de S/ 6,1 millones a empresas para el servicio de vigilancia.

La Contraloría detectó irregularidades cometidas en cuatro años en Epsel. Foto; La República
La Contraloría detectó irregularidades cometidas en cuatro años en Epsel. Foto; La República
Ysela  Vega

La Contraloría General de la República dispuso acciones penales y administrativas contra 13 funcionarios y miembros de comité de selección de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) por los pagos irregulares que ascienden a S/ 6,1 millones a favor de empresas para el servicio de vigilancia durante cuatro años (2017-2020).

Conforme al Informe de Auditoría n.° 010-2021, existen hechos al margen de la normativa que involucran a profesionales en la cuestionada contratación de un consorcio y una empresa.

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En la lista figura el ex gerente general Arturo Colchado con presunta responsabilidad administrativa; así como Orlando Niño, subgerente de Logística; Hernán Paredes, jefe de Asesoría Legal; Manuel Cabrejos, asesor legal de la Oficina de Asesoría Legal y miembro titular del comité de selección.

También está en la lupa de la Contraloría Graciela Flores, jefa de Asesoría legal; José Díaz y José Alejandría, susbgerentes de Logística; Luis Gutiérrez, integrante del comité de selección, Víctor Olarte, gerente de Administración, Miriam Zuloeta, gerenta de Administración, Wlather Faya, jefe de Logística; Giovanni Mila, jefe de Asesoría Legal; y Héctor Pozada, jefe del Departamento de Servicios Generales y Transportes.

En esa línea, el ente de control pidió al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y a la presidenta de la comisión de dirección transitoria de Epsel, Sonia Álvarez disponer las acciones legales que correspondan.

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Fundamentos

De acuerdo a los hechos identificados, la citada empresa -entre enero y octubre de 2017- contrató de manera directa los servicios de vigilancia de un consorcio conformado por las empresas Virgo Segurity y SG Force.

La primera en mención no podía desempeñarse como contratista al no estar previamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), mientras la segunda empresa no tenía la experiencia establecida en los términos de referencia.

Asimismo, entre noviembre de 2018 a diciembre de 2020, se contrató a la empresa Jacsan Perú Multiservicios que no acreditó de manera íntegra las bases de los procedimientos de selección.