¿GRA puede retirar invasores después de construirles una plaza cívica?

Jardín del colca. Gobierno Regional de Arequipa hizo obra en terreno invadido y declarado inhabitable. En 2018, hubo un proceso para retirarlos pero se truncó por falta de presupuesto.

La Republica
jardin del colca. El área fue declarada de alto riesgo, no tiene saneamiento físico pese a ello el GRA invirtió en una plaza.
Elmer Mamani

Los pobladores de la Asociación Jardín del Colca, ubicado en el distrito de Yura, ya fueron desalojados una vez. Amparo Begazo, la actual procuradora del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), recuerda que la recuperación de los terrenos ocurrió en el 2016. Los invasores volvieron a ocupar el predio y se planteó un nuevo desalojo en el 2018, pero se frustró. “La medida fue planeada para febrero o marzo de 2018, se solicita presupuesto”, relata. Sin embargo Begazo sostiene que no le otorgaron el financiamiento.

La letrada asegura que este proceso no fue concluido. “Es el gobierno regional quien debe pedir esa intervención. Ellos nos tienen que decir para recuperar este inmueble”, indicó. La Oficina de Ordenamiento Territorial del GRA cautela y conserva los inmuebles del Estado. Dicha área debería solicitar el desalojo para completar el procedimiento que quedó trunco, sostiene Begazo.

Por la invasión de esos terrenos se puede aplicar la Ley N°30230 que dispone el desalojo de invasores que no tengan título sin contar con una orden judicial que rige desde el 2014. ¿Se podría disponer la medida teniendo en cuenta que es una invasión ya consolidada y que en su zona el GRA construyó una plaza cívica? Begazo contestó que solo actuarán a pedido de parte.

Mientras que el consejero regional Harberth Zúñiga ve muy difícil que Ordenamiento Territorial lo disponga. “No es voluntad política del gobernador (Elmer Cáceres Llica) recuperar terrenos indebidamente ocupados”, sostuvo. Aunado a esto, él mismo Cáceres manifestó tener un terreno en la asociación del que es presidente Hugo Mendoza Choquehuanca, actual consultor del gobierno regional.

Además para Zúñiga, quien presidió la comisión del Consejo Regional que investigó la construcción de la plaza para Jardín del Colca, se perdió el principio de oportunidad. “Lo tuvimos en diciembre del 2018.

La procuradora Begazo tuvo en su despacho la orden para ejecutar dicha diligencia y luego el expediente se perdió”, sostuvo. La procuradora manifiesta que nunca le otorgaron el dinero y que posteriormente Rosa Vallejos, procuradora suspendida, realizó otra solicitud pero que tampoco les aprobaron el financiamiento. “No es que yo solicito y ya tengo el dinero. Me remito a las pruebas, ¡qué cheque o donde firmé que me habrían dado ese dinero! (…) Para que me den el dinero (al pedido de Vallejos), estaba pendiente mi solicitud por eso la tuve que anular”, sostiene.

El informe de la comisión indica que no se ha efectuado ningún otro trámite por parte de la Oficina de Ordenamiento Territorial ni de la Procuraduría. “Habiendo permitido, con su inacción, que a la fecha se haya consolidado dicha ocupación”, sentencia. Zúñiga sostiene que la única forma de recuperar los predios es a través de la vía judicial. “La posibilidad es mínima”, sostiene. Asegura que ya tienen la condición de posesionarios y que incluso estaría colocado piletas públicas de agua en la zona.

Nuevo encargo para procuradora pese a arresto

La Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), a cargo de José Dávila Portugal, dispuso el desplazamiento de Rosa Vallejos a la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo.

Vallejos fue suspendida de su cargo de procuradora regional por el Procuraduría General del Estado y días atrás se les dictó arresto domiciliario por la investigación fiscal donde se la acusa de recibir S/2000 como adelanto de S/25000 para favorecer a una empresa.

Recursos Humanos señala que por necesidad de servicio de dicha gerencia, se autoriza su desplazamiento vía rotación. “Se le asignará funciones a desempeñar conforme a su formación académica”, dice el escrito. Contrariamente semanas atrás el gobernador regional Elmer Cáceres indicó que no tenía potestad de removerla del cargo. Se tiene que recordar que la función de procuradura es exclusiva. Se intentó comunicarse con Dávila para consultarle si seguirá vigente la disposición tras dictaminarse el arresto domiciliario contra Vallejos, pero no hubo respuesta.