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A 66 años del sufragio femenino, aún hay peruanas que no pueden ejercer su derecho al voto

El derecho al sufragio aún no es de todas. Mujeres sin DNI, las que tienen alguna discapacidad psicosocial y trans todavía batallan por ser incluidas en el padrón electoral.

En 1955, durante el gobierno dictatorial de Manuel A. Odría, se concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Foto: composición/El Peruano/La República
En 1955, durante el gobierno dictatorial de Manuel A. Odría, se concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Foto: composición/El Peruano/La República
Katherine Morales

Tras décadas de lucha por el sufragio femenino con destacadas figuras como María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres, en 1955, durante el gobierno dictatorial de Manuel A. Odría, se promulgó la Ley n.° 12391, la cual modificó la Constitución y concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Más tarde, en 1979, se reconoció el derecho al voto universal.

Han pasado 66 años de este hito histórico, pero aún existen mujeres que no pueden gozar de este derecho y que sufren la indiferencia del Estado, que limita su participación política a causa de las dificultades y barreras para acceder a un DNI, por motivos de discapacidad psicosocial o debido a su identidad de género.

Mujeres sin DNI

Cada elección, ciudadanos de todas partes del país se movilizan para ejercer su voto con la esperanza de un cambio, por una candidatura que por fin pueda escucharlos, luego de décadas de olvido, sobre todo en las zonas más alejadas. Sin embargo, hay una gran diversidad de mujeres que no pueden expresar su voz en las urnas. Su voto no existe y desconocen su derecho a participar en política, porque no tienen un DNI.

De acuerdo con el INEI, en el 2019, el 1,1% de la población nacional, es decir, más de 384.000 ciudadanos, no tenía documento de identidad y la mayoría eran mujeres. Un estudio del Banco Mundial del 2018 señala que, en los países de ingresos bajos, más del 45% de mujeres carece de esto documentación en comparación con el 30% de los hombres.

La investigación señala que los más afectados son las personas en condición de pobreza. En el Perú, los departamentos que registran más personas sin DNI son Loreto, Tumbes, La Libertad, Piura y Ucayali.

De acuerdo con la tesis Funciones desempeñadas como registradora de DNI en Julcán, La Libertad, de Cindy Cabrera, entre las razones para que muchas personas en esa provincia no tengan DNI están los procedimientos engorrosos, demasiados requisitos y elevados costos en trámites. Además, algunas personas viven en zonas rurales muy alejadas de las ciudades. Estas viajan por días y llegan fuera del plazo de inscripción.

La situación se agrava cuando entra a tallar el factor género. Muchas madres solteras que viven en contextos fuertemente machistas ocultan a sus hijos e hijas, no los registran y por ende no pueden tramitar su DNI. Así también, muchas comunidades todavía piensan que las mujeres no tienen necesidad de tener este documento personal.

“Muchas zonas con fuertes culturas patriarcales consideran que la mujer debe vivir en un ámbito privado, mientras el varón se desenvuelve en un ámbito público, representando a su familia y la comunidad. Por tanto, la mujer no requeriría documentos de identidad. Además, en ciertas zonas rurales se cree que las mujeres no necesitan DNI, porque la ley habría dispuesto que son solo para varones. Causa sorpresa cuando se informa que estas normas no están vigentes y que las nuevas garantizan este documento para todos los peruanos y peruanas”, explica la investigación de Cabrera.

Mujeres con discapacidad psicosocial

Por muchos años, las personas con discapacidad psicosocial fueron despojadas de sus derechos más elementales: la capacidad jurídica, es decir, no podían firmar un contrato o casarse. En un proceso conocido como interdicción, los jueces le entregaban este poder a una representante, quien tomaba las decisiones por aquellas. Incluso, la Constitución consideró que no participarían en la vida política y entonces el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) las removió del padrón electoral, arrebatando la facultad de ejercer su voto a 2.816 ciudadanos y ciudadanas en las últimas elecciones generales.

No solo las personas que estaban bajo la figura de interdicción no tenían el derecho de votar, sino también las que solo tenían un diagnóstico por discapacidad psicosocial y no habían pasado por este proceso judicial. Una de ellas fue María Alejandra Villanueva Contreras, una joven con síndrome de Down, quien alzó su voz y luchó para poder elegir a sus autoridades, y lo consiguió en el 2011.

”Mi sueño es que ninguna mujer con discapacidad sea maltratada, discriminada, humillada, abusada. Que los países cumplan con respetar los derechos que nos corresponden y que esta reunión sirva para que todos se den cuenta de que las personas con síndrome de Down tenemos voz propia, (...) que podemos, sabemos y queremos votar por nuestros representantes. Que podemos también ser elegidos. ¿Por qué no?”, dijo la activista en una entrevista para el sitio web informativo San Juan de Lurigancho.

Actualmente, la figura de la interdicción fue eliminada del Código Civil y, por ende, mujeres y hombres deberían recuperar su derecho al voto; sin embargo, Reniec no los ha registrado como electores.

“La entidad respondió que no podía hacerlo. Su interpretación de la norma era que la personas que habían atravesado por esos procesos judiciales tenían que tener otra orden judicial para que recién se les incorpore al padrón. Nuestra lectura es distinta, ya que la norma ya no está vigente; entonces no hay ninguna obligación de la entidad de seguir restringiendo el derecho”, señala Pamela Smith, directora de Sodis.

Se hicieron campañas, pero la situación no cambió. “Reniec tiene una historia contra las minorías, de tener interpretaciones cerradas de la norma, superformalistas, que no permiten el avance ni el reconocimiento de derechos”, agrega Smith.

Esta lucha por el voto tiene un significado especial para las mujeres, pues durante gran parte del siglo XX, cuando se impulsaba el voto femenino, se cuestionó su capacidad intelectual para elegir a las autoridades. Ahora las mujeres con discapacidad psicosocial viven la misma discriminación.

“Una de las justificaciones que se daban en el momento de la discusión de la propuesta del derecho al voto era que las mujeres no eran suficientemente inteligentes, que íbamos a pervertir el sistema democrático. Lo mismo se reproduce con las personas con discapacidad. Hay una percepción de cualidades deficientes para participar en la vida política y esto se debe revertir para que todos y todas puedan mostrar sus preferencias a través del voto”, recalca Smith.

Mujeres trans

Las mujeres trans llevan una larga lucha a contracorriente. Elección tras elección han tenido que lidiar con la discriminación de autoridades electorales y miembros de mesa que no respetan su identidad de género y solo se limitan a ver su DNI, que en la mayoría de casos no plasma quiénes son.

Cumplir con un deber cívico que debería visibilizar la igualdad en su más grande expresión se ha convertido en un momento que las vulnera. En la primera vuelta de las Elecciones Generales del 2021, la organización TRANS, a través de su plataforma CEDOSTALC, registró 26 casos de violación de los derechos de las personas trans al ejercer su voto. No obstante, en la segunda vuelta, tras la publicación de un protocolo de la ONPE donde se llamaba a respetar el voto trans, la cifra disminuyó y se reportaron tres casos.

“Más son las denuncias de mujeres trans por el tema de visibilidad y la violencia contra los cuerpos que no encajan en lo heteronormado, lo binario. Además, muchas van a votar y el policía que está en la puerta resulta ser cliente de la compañera y las discrimina. Te cuestiona desde su patriarcado: ‘¿Qué hace esta a la que yo consumo viniendo a ejercer ciudadanía?’. La violencia viene muchas veces de los mismos clientes que están dentro de los sistemas estatales”, cuenta Miluska Luzquiños, directora de TRANS, organización por los derechos humanos de las personas trans.

Mujeres trans de Trujillo en la presentación del protocolo del voto trans. Foto: Trans Organización Feminista por los DDHH de las personas Trans

Por eso, uno de los objetivos de los colectivos LGBTIQ era la aprobación de la Ley de la identidad de Género, que proponía el reconocimiento del nombre y sexo de las personas trans ante el Reniec y, por ende, en su DNI. Un trámite que actualmente se realiza a través de un proceso judicial que suele ser largo, costoso y engorroso.

Cabe resaltar que, de acuerdo con el informe de Mapeo Legal Trans del 2019, hasta ese año existían 172 casos pendientes ante el Poder Judicial por estos motivos (106 por cambio de nombre y sexo, y 66 solo por cambio de nombre).

El dictamen de la ley fue aprobado en la Comisión de la Mujer del Congreso, pero la de Constitución no se pronunció. “No dieron un dictamen favorable ni desfavorable ni tampoco se inhibieron, eso significaba que el proyecto no podía pasar al Pleno (...) y la ley fue archivada”, explica Luzquiños.

Sin embargo, para las mujeres trans, la batalla para que se reconozca su identidad de género en el DNI no ha terminado. Seguirán impulsando la propuesta y participando en la vida política, buscando que el Estado y sus instituciones incluya más medidas a favor de las poblaciones diversas.