Olvidados por la educación: el drama de los estudiantes con discapacidad en pandemia

“Ellos están olvidados. Y esto no es de ahora”, afirma Coralia Bautista, mientras piensa en su pequeño Franshesco, de apenas 8 años, quien tiene síndrome de Down y asiste a un colegio de educación básica regular nacional en Arequipa. Él, así como muchos menores con discapacidad en todo el país, vive una realidad dura y cruda.

La pandemia estancó el aprendizaje del menor, quien comparte clase con otros 40 niños y hace el esfuerzo por comprender lo que dicta la maestra; sin embargo, el reto se hace cada día más complejo. Su profesora no le dedica mucho tiempo y rara vez lo incluye en la participación. Coralia trata de enseñarle lo que no entiende, pero, a veces, no es suficiente.

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo (2020), un 70,59 % de padres de familia afirma que no hay personal docente especialista en educación inclusiva dentro de las instituciones públicas. La estadística en colegios privados asciende hasta el 80%.

Coralia Bautista forma parte de ese porcentaje. La educación de su menor depende de ella, y si no hace algo distinto, Franshesco no aprende. Por ahora, el pequeño acude a talleres complementarios particulares para mejorar su lenguaje.

“Los padres suelen pagar las terapias de ellos cuando esto debe ser dado por el Estado. Lo más importante es tener un apoyo mayor de otros profesionales, no solo docentes, sino psicólogos, tecnólogos, entre otros. Si bien hay un progreso, aún falta mucho por hacer”, asegura Fernando Bolaños, oficial de Educación de UNICEF.

En Perú, el último registro de esta población es de 2017. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) indicó en ese entonces que un 10,3% de personas tenían alguna discapacidad en el territorio nacional (más de tres millones de ciudadanos). De ese porcentaje, un 13,4% no tenía nivel educativo, 1,7% contaba con educación inicial, 34,3% con primaria, etc. (Ver infografía 1)

Además, de acuerdo a información del Ministerio de Educación (Minedu), solo un 11,63% de personas con discapacidad en edad escolar se encuentra en el sistema educativo y el otro porcentaje no accede al servicio. Así también, según el SIAGIE 2021, hay 18.927 estudiantes en Educación Básica Especial (EBE) y 59.587 de Educación Básica Regular (EBR). Por el momento, no se tiene un registro sobre la educación básica alternativa.

La estadística también revela que hubo 1.915 estudiantes que no se matricularon en algún Centro de Educación Básica Especial (CEBE) durante el presente año, lo que equivale a un 12% del total (ver infografía 2).

La educación como un privilegio

“Nos dejaron sin matrícula. Sin opciones para que nuestros hijos estudien en Comas”, sostiene Estela Corrales de la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad (Afapedis). Ella junto con otras madres del colectivo se habían quedado a la deriva cuando el CEBA José Carlos Mariátegui no les permitió inscribir a sus menores con discapacidad cognitiva.

Similar situación vivieron en el 2020 cuando su aprendizaje se vio interrumpido por la falta de una correcta metodología de enseñanza: no se cumplían los horarios, las clases eran un monólogo y las tareas resultaron incomprensibles para los estudiantes. Ante esta situación, se vieron forzadas a detener su educación.

Buscar un colegio en el Perú para que un menor con discapacidad acceda a la enseñanza suele ser muy complicado, pese a las normativas existentes desde el Minedu. De acuerdo a esta entidad, toda institución de Educación Básica Regular y de Educación Básica Alternativa debe reservar como mínimo dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad leve o moderada. En caso de no haber cupo para un niño o adolescente en un Centro de Educación Básica Especial (CEBE), sí se puede matricular en un colegio regular. Sin embargo, en la práctica, esto no se cumple.

Martha Vílchez, representante de AFAPED Chiclayo, reveló que un gran número de padres de familia no pudo inscribir a sus menores hijos a un colegio de educación básica alternativa, pese a que pidieron su inclusión para este año escolar 2021. “Hemos tocado puertas al Ministerio de Educación, pero no hemos sido recibidos. Pese a que la educación es un derecho, a esta población lamentablemente no la consideran. Pedimos que el Gobierno no nos haga favores, sino que cumplan con lo estipulado en Ley”.

Malena Pineda, jefa del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, mencionó que aún prima el rechazo de estudiantes con esta condición en las instituciones públicas o privadas. “Es muy difícil encontrar una vacante para un estudiante con discapacidad. Esto se debería a que no están preparados y no hay fiscalización. Minedu debe conocer las barreras para tener un plan concreto en materia de clases”.

En esa línea, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) indicó que sí hay una clara discriminación contra esta población, y por ello, en este 2021, el Gobierno aprobó la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, la cual contempla un diagnóstico completo de este sector y lo que se debe realizar para tener más inclusión en todos los niveles. No obstante, aún se desconoce cuándo iniciarán las implementaciones.

Un personal sin conocimiento de la discapacidad

“No podemos hacer la inclusión sin un maestro preparado. En el tema educativo se da la inclusión sin preparación”, recalca Maritza Flores, actual profesora del CEBA 2084 Trompeteros. La pandemia ha evidenciado que la mayoría de docentes no está capacitado para brindar un servicio educativo a estudiantes con discapacidad, pese a que se exige desde el Gobierno.

“Faltan normativas. (...) Un docente debe saber adaptarse a la currícula y esto es personalizado. ¿Por qué? Porque el alumno no tiene el mismo ritmo de aprendizaje”, detalló.

De acuerdo al Informe Defensorial n.° 183, “El derecho a la educación inclusiva” (2019), el 60% de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativas indicaron no contar con capacitaciones docentes en temas de inclusión y no tienen a especialistas que puedan brindar este servicio.

Proponen menor presupuesto

Sumado a ello, solo el 4,1% del programa presupuestal asignado se destina para esta población en la educación básica regular. Del 2020 al 2021, el Minedu dispuso que el Presupuesto inicial asignado para niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva sea menor a comparación de otros años (ver infografía 3).

Debido a la ausencia de personal educativo adecuado, los padres suelen encontrar buenos y malos profesores que atienden a sus hijos con discapacidades. Julia Ara relató que su hijo Bayron (12) ha tenido ambas experiencias: en el 2020, su hijo era parte del grupo de alumnos y siempre participaba por la docente. Ahora, en el 2021, el menor está aislado, confundido e intenta seguir las clases.

Menores sin material adecuado

Otra barrera muy marcada es el acceso a materiales adecuados según la condición de discapacidad de un niño, niña o adolescente. La Defensoría del Pueblo recalcó que aún no se tiene insumos específicos para los menores con discapacidad auditiva y visual. Incluso, en un inicio, la plataforma actual de Aprendo en Casa no contaba con intérpretes.

“Aprendo en casa tiene la necesidad de reformular la estrategia de atención a los estudiantes con estas necesidades con la finalidad de que las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) se orienten a los pedidos de ellos. Aún se deben detectar las barreras para un mejor desarrollo en los colegios públicos y privados”, dijo Pineda.

El presidente del Conadis, Marco Antonio Gamarra La Barrera, detalló que aún no se cuenta con servicios acondicionados para estos sectores en la virtualidad. “Encontramos que los materiales que se difunden no son totalmente accesibles porque los niños con discapacidad visual. Deberían tener un software especializado para acceder a todas las plataformas. Así también, menores con discapacidad auditiva, tendrían que tener todos los videos o trabajos con un intérprete de señas”.

¿Clases presenciales o virtuales?

Si bien el Ministerio de Educación anunció que dará prioridad para el retorno a clases a la población vulnerable y/o con discapacidad, esto aún genera muchas dudas en los padres y madres de familia. La representante del colectivo ASPERDI - Collique, Flor Zapata, consideró que por las actuales condiciones epidemiológicas, aún debería esperarse un poco más para un regreso a las aulas.

En el caso del colectivo Equipo 21 de Arequipa, pretenden que se dé una semipresencialidad con los protocolos adecuados para evitar contagios. De esta forma, esperan que los niños logren complementar su aprendizaje. “Los menores pueden asistir dos o tres veces por semana”, subraya Aurelia Castillo.

Conadis precisó que el retorno es fundamental, pero deben tenerse en cuenta los protocolos a utilizar para este grupo de atención prioritaria. “Este regreso tiene que implicar mejoras urbanísticas y arquitectónicas en el entorno de los centros educativos y en el propio. Hasta ahora, no hemos visto que se están dando estas medidas tanto en los servicios higiénicos, en el aula, entre otros. Un menor con discapacidad visual debería contar con varias cosas para poder evitar contagios”.

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo sostuvo que para un retorno a clases seguro, flexible, voluntario o gradual se tiene que tomar acciones intersectoriales. “Tanto Educación, Salud, Inclusión, MTC, entre otros, deben tener una coordinación adecuada. Esto también incluye a las Direcciones Regionales, Municipalidades y los padres de familia”.

Ante un próximo regreso a las aulas, los padres de familia esperan que sus hijos no continúen bajo las sombras, invisibilizados ante el Estado, sino que signifique un avance en las políticas de inclusión y que no caiga en la marginación. “El Gobierno debe dar una mirada más profunda”, finaliza una madre de familia.