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Sociedad

COVID-19: urge mejorar vacunación en comunidades indígenas de Cajamarca y Loreto

La Defensoría del Pueblo también solicitó al Minsa garantizar el presupuesto para la salud de este sector de la población ante una eventual tercera ola.

Solo 2.423 personas han recibido las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Loreto. Foto: Andina
Solo 2.423 personas han recibido las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Loreto. Foto: Andina

La Defensoría del Pueblo advirtió que Cajamarca y Loreto no cuentan con los recursos económicos, logísticos y personal suficiente para la atención a las comunidades indígenas ante una eventual tercera ola de la COVID-19. Una situación similar sucede en las direcciones regionales de salud de Apurímac y Puno.

La institución indicó que dicha problemática repercute en la calidad de los servicios sanitarios y el cumplimiento de metas de vacunación previstas, principalmente en las zonas más alejadas.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), hasta el viernes 27 de agosto, en Loreto solo han recibido las dos dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus 2.423 personas.

Deficiente información

La Defensoría del Pueblo informó que la dificultad presupuestal impide ampliar o garantizar la difusión permanente de información sobre la importancia de la vacunación en lenguas indígenas a través de emisoras radiales.

Asimismo, manifestó su preocupación porque el sector Salud solo ha contemplado medidas específicas de atención para mejorar la capacidad de respuesta en las regiones con comunidades amazónicas sin considerar a otros departamentos que cuentan con población de comunidades originarias andinas.

Presupuesto

En julio, la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa señaló que la atención COVID-19 en la población indígena se realiza de acuerdo al “Plan de respuesta ante segunda y posible tercera ola pandémica en el Perú, 2021”, el cual debía complementarse con un presupuesto de S/ 72 millones.

Invocación

Por este motivo, la Defensoría del Pueblo solicitó al Minsa gestionar y asignar con prioridad los recursos públicos suficientes para garantizar la vacuna contra la COVID-19 en las comunidades indígenas andinas y amazónicas.

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