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Puno: mafia robó claves y código de usuarios para cobrar cauciones

Primeras declaraciones de trece trabajadores judiciales confirman que se manipuló sistema para habilitar a particulares en el cobro de cauciones, con usuario de jueces y especialistas.

Trabajadores conocían entre ellos las operaciones que se hacían.
Trabajadores conocían entre ellos las operaciones que se hacían.
Liubomir Fernández

El cobro irregular de cauciones en juzgados de la Corte de Puno se concretó porque los trabajadores implicados sustrajeron las claves y códigos de usuario del personal judicial habilitado para esta labor. Esto se logró concluir tras las primeras diligencias contra los trece trabajadores judiciales y cinco civiles, detenidos por apropiarse de manera ilegal de más de 161 mil soles, producto del depósito de cauciones que les imponían a los procesados.

El dinero que debería ser endosado al agraviado o al procesado declarado absuelto, era cobrado por personas naturales que no tenían nada que ver con el proceso.

Malos manejos

Los cobros de cauciones se realizan cuando el juez y el secretario responsable de la causa, lo autoriza a través del Sistema Integrado de Justicia (SIJ).

Para realizar esta labor, los responsables de cada despacho judicial tienen como código la inicial de su nombre y apellidos, además de su clave personal. Al ingresar estos algoritmos en el SIJ, la persona autorizada habilitaba a las personas beneficiarias registrando su DNI. Tras ello, el beneficiario se presentaba en el Banco de la Nación para cobrar el monto que se le asignó.

Formalmente, las cauciones cobradas indebidamente en el sistema tienen la apariencia de haber sido aprobadas por las personas autorizadas. Sin embargo, varios informes informáticos preliminares advirtieron que el trabajador Wilber Laura Valera habría ingresado con su usuario y modificado el sistema para que las habilitaciones aparecieran como si las hubiera autorizado la juez Penélope Najar Pineda y varios servidores judiciales.

Contra él no solo existe un peritaje que advierte que sería la persona que falsificó firmas digitales, sino que efectuó con su usuario varias operaciones a nombre de sus compañeros.

Los otros dos jueces a quienes les habrían vulnerado sus códigos son Santos Llanos Quispe y Santos Poma Machaca. Estos habrían pedido peritajes.

De acuerdo a la denuncia, Wilfredo Laura no actuó solo. Los códigos de acceso y claves los habría obtenido de la oficina de Soporte Técnico de la Oficina de Informática de la Corte de Puno, sede Juliaca. En esta unidad labora Mikeh Choquehuanca Olvea.

Según el Ministerio Público, este trabajador había accedido a revelar información por presunta intermediación de Xianeth Yesenia Vila Gallardo.

Fuentes del Ministerio Público informaron que los equipos de cómputo serán sometidos a peritajes especializados para determinar los puntos IP, desde donde iniciaron las operaciones.

La mayoría de los investigados dieron sus primeras declaraciones después de ser detenidos el lunes. Se culparon entre ellos de lo sucedido. Confirmaron que las operaciones de endoso se hacían cuando las personas autorizadas estaban a punto de salir de trabajo o cuando estaban en audiencia para no levantar sospecha porque la operación de autorización queda registrada en el sistema.

Investigado aceptó contar la verdad, pero pide garantías

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que al menos una de las cinco personas particulares detenidas por cobrar dinero que depositaban los sentenciados, habría aceptado contar toda la verdad siempre y cuando se les dé garantías y se le reduzca la pena si fuera hallado responsable.

Los demás están evaluando con sus abogados el mismo camino. Temen que en su contra se tomen represalias.

El Banco de la Nación habría informado que las personas que cobraron el endoso pasaron por control biométrico. No hay posibilidad que sean otras porque todos se presentaron con su número de DNI al momento del cobro además que fueron registrados en cámaras de seguridad. Se investiga vinculos familiares entre los beneficiarios y los detenidos.