Detienen a mafia de trabajadores en Corte de Puno

La Corte Superior de Justicia de Puno, recibió un duro golpe. Trece de sus miembros fueron detenidos por pertenecer a una organización que se apropiaba de cauciones que depositaban los procesados por diversos delitos.

Paralelamente se intervino a cinco personas naturales, ajenas a procesos judiciales que cobraron distintos montos en varios periodos. Entre 2020 y lo que va del 2021, la organización se hizo de 161 mil 899 soles.

El dinero era depositado al Banco de la Nación por los sentenciados o procesados con comparecencia. Al final del proceso el monto era endosado al agraviado o en su defecto era devuelto al procesado declarado inocente.

Hasta hace un tiempo el procedimiento era manual. Pero por la pandemia el trámite se comenzó a realizar a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ) con la autorización y firma digital del juez a cargo de la causa y del secretario judicial.

En un procedimiento regular la devolución de la caución solo le corresponde al agraviado o exculpado. Sin embargo, quienes cobraban eran personas naturales que no tenían nada que ver con los procesos (ver relación de nombres).

Los terceros que cobraban se quedaban con un porcentaje y la diferencia era entregada a quienes lograban vulnerar el sistema. En tres casos los mismos servidores detenidos se autoendosaron diversos montos y efectuaron el cobro, según la investigación del Ministerio Público.

Los beneficiarios particulares fueron habilitados a través del SIJ con el usuario, clave y computadora de la persona que estaba habilitada para el endoso. Finalmente, la persona autorizada efectuaba el cobro en el Banco de la Nación.

Según la Policía Anticorrupción hubo robo de usuarios y claves. Los presuntos cabecillas serían Wilber Wilfredo Laura Valera y Xianeth Yesenia Vila Gallardo. Tenían dominio del sistema.

Juan Francisco Ticona Ura, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) Puno, informó que el caso fue puesto al descubierto en mayo de 2021 por Penélope Najar Pineda, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román. Ella se fundamentó en un informe de las especialistas judiciales Yaquelin Marisel Callo y Mamani y Cesar Cespedes Gomez.

La jueza y especialistas nunca autorizaron ningún endoso, pero figuraban como si lo hubieran hecho. Por ello comunicaron a la Fiscalía Anticorrupción. Con la denuncia de parte se inició la investigación. Penélope Najar, incluso presentó peritaje para advertir que la firma digital que se usó no era la suya.

Los otros dos jueces a quienes les habrían vulnerado sus códigos son Santos Llanos Quispe y Santos Poma Machaca. Ambos aún no hicieron sus descargos.

Operativo

La intervención fue encabezada por el fiscal anticorrupción William Otazú Pinto. Se contó además con apoyo de la Policía Anticorrupción y personal de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior.

Se detuvo a todos los servidores en sus puestos de trabajo. La mayoría son de la sede judicial de San Román.

El fiscal Willian Otazú, informó que los intervenidos estarán con detención preliminar durante siete días por disposición judicial. Otazú dijo que de acuerdo a las diligencias evaluarán si se plantea prisión preventiva.

Decidieron colaborar

La mayoría de servidores detenidos se comprometieron a colaborar con las investigaciones y de inmediato dieron mayores luces del caso. Revelaron que las órdenes de pagos, en algunos casos, se hicieron en días en donde los jueces y servidores judiciales hacían trabajo remoto o en su defecto estaban en audiencia.

Con esta información, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el rol de servicio de los trabajadores para determinar quiénes ingresaron a laborar los días que se ordenaron hacer desembolsos a personas naturales. Trascendió que el personal del área de informática reveló las claves y usuarios de varios servidores, incluido jueces.

El caso ha destapado un caso escandaloso de tráfico de cauciones. Juan Francisco Ticona, jefe de Odecma, informó que se está efectuando una auditoría para determinar cómo se administró los montos abonados por los procesados desde hace cinco años. Todos los involucrados administrativamente ya se les aperturó proceso sancionador.