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Enfoque de género será obligatorio en los tres niveles de la gestión pública

Lineamientos de enfoque de género son de carácter obligatorio y buscan garantizar la prevención, atención y sanción de los casos de violencia, como el hostigamiento sexual laboral.

Colectivos se organizan para manifestarse en contra de la violencia de género en nuestro país y exigir al Estado medidas concretas para luchar contra ella. Foto: La República
Colectivos se organizan para manifestarse en contra de la violencia de género en nuestro país y exigir al Estado medidas concretas para luchar contra ella. Foto: La República
Sociedad LR

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó los “Lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la gestión pública”, por lo que el Gobierno central y los locales deberán incorporar el enfoque de género para reducir las desigualdades entre varones y mujeres.

Por medio del Decreto Supremo n° 015-2021, la entidad reiteró que el enfoque de género es “un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales”.

Asimismo, su implementación es de carácter obligatorio, por lo que será incorporado en las políticas, planes, programas y proyectos de los tres niveles de gobierno. Además, el Ministerio de la Mujer será la entidad encargada de supervisar la implementación de esta normativa.

Entre sus lineamientos propone “analizar la capacidad institucional de la entidad, identificando la existencia de estereotipos de género, discriminaciones, desigualdades y/o brechas entre mujeres y hombres en su diversidad, así como las condiciones favorables y limitaciones para la incorporación del enfoque de género en la gestión interna (normatividad, políticas, estructura, instrumentos de gestión, recursos humanos, presupuestos, comunicación interna y externa) y la gestión externa (programas y/o proyectos)”.

Ante esta situación, también se desarrollarán políticas para garantizar la adecuada prevención, atención y sanción de los casos de violencia, como el hostigamiento sexual laboral.

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