Arequipa: piden 11 años de cárcel contra exdirigente de asociación por lavado de activos

La historia de Percy Choquehuanca Zapata y su conviviente Maritza Taco Sánchez, quienes de dedicarse a la venta de productos de plástico pasaron a tener terrenos valuados en un millón de soles, vehículos, construcciones cotizadas en miles de dólares y una ferretería, podría ser considerada de éxito y un ejemplo de trabajo. En lugar de ello, actualmente ambos son investigados por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Arequipa. Y hace unas semanas, un Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó que se inicie un juicio penal en su contra.

Percy Choquehuanca y Maritza Taco se encuentran bajo sospecha, desde el 2015, por presuntamente lavar dinero, proveniente del fraude de persona jurídica, y actos de conversión. Es decir, en principio, los acusan de enriquecerse de manera ilícita tras la venta ilegal de terrenos del Estado, utilizando la Asociación Urbanizadora de Interés Social Embajada de Japón Sector B, ubicada en la parte Alta de Cayma, donde Choquehuanca fue presidente desde 2008 hasta 2017. Asimismo, de intentar deshacerse de parte de sus bienes para darle licitud a los recursos económicos provenientes de las ventas.

Varios años antes de la investigación, la pareja se dedicaba -según declaraciones de sus vecinos- a la venta de artículos de plástico de manera ambulatoria en una pequeña combi. Pero es a partir del 2008, cuando Choquehuanca asumió la dirigencia del sector B de la Embajada de Japón, que su suerte pareció dar un giro.

El acusado sostuvo que todo su dinero es producto del trabajo duro y el ahorro, actividades que realizaba desde los 18 años, como comerciante. De acuerdo a la acusación fiscal presentada ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, Choquehuanca dijo que se dedicaba a la venta de abarrotes y productos para el hogar (frazadas, menajería y juguetes) y que abrió una pequeña ferretería en el 2007.

Control de acusación

Según la acusación presentada por el fiscal de Lavado de Activos, Henry Torres Dianderas, la pareja adquirió un terreno de 70 hectáreas valuados en un millón de soles, logró la construcción de tres inmuebles los cuales están valorizados en 60.000 dólares, además tenían lotes y una ferretería grande. Todo estos bienes se encuentran incautados y dentro de poco podría iniciarse el proceso para que estos pasen a poder del Estado tras demanda de una Fiscalía de Extinción de Dominio.

Asimismo, el fiscal Torres Dianderas detalló en las audiencias que los convivientes tenían vehículos que comenzaron a vender. Debido a todos estos hechos, son investigados como coautores del delito de lavado de activos por lo que solicitan en su contra 11 años y 6 meses de prisión.

Durante las audiencias de control de acusación, la Fiscalía señaló que concretaron el levantamiento del secreto financiero, bursátil, entre otros, además también realizaron una pericia contable a cargo de un especialista en la materia, la misma que habría arrojado como resultado el desbalance patrimonial de la pareja.

A pesar que ya el caso superó las primeras etapas, el juicio se desarrollaría recién en agosto del 2022 debido a la excesiva carga procesal en la Corte de Justicia de Arequipa. El caso estará a cargo de Juzgado Supraprovincial Penal compuesto por tres jueces.