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La Libertad: pobladores niegan tener relación con minería ilegal en cerro El Toro

En documento a la Gerencia Regional de Energía y Minas, señalan que quien realiza actividades de minería ilegal es Reynaldo Sánchez Ballena.

Crean pases a través de los terrenos para hacer los socavones que sirven para robar mineral. Foto: Difusión
Crean pases a través de los terrenos para hacer los socavones que sirven para robar mineral. Foto: Difusión
Hugo  Rodríguez

El problema de la minería ilegal en el cerro El Toro, en la provincia de Huamachuco, en La Libertad, es de nunca acabar. Por ello, la Gerencia Regional de Energía y Minas ha notificado a 31 pobladores para que paralicen la extracción de minerales en esta zona. No obstante, ante las resoluciones, estas personas niegan ejercer esta actividad ilícita.

Según las investigaciones y denuncias de pobladores, los ilegales reciben apoyo y respaldo de algunos lugareños y dirigentes de este caserío, que también ha sido escenario de varias muertes en los campamentos mineros que operan en la clandestinidad y se crean pases a través de los terrenos para hacer los socavones que sirven para robar mineral.

Varios de estos comuneros niegan tener relación alguna con las labores mineras ilegales que se desarrollan alrededor de sus viviendas en este caserío de Shiracmaca.

Unas pobladoras han sido las primeras en deslindar su relación con los mineros ilegales. Ellas, mediante documentos dirigidos a la Gerencia Regional de Energía y Minas, señalaron que quien realiza actividades de minería ilegal es Reynaldo Sánchez Ballena, dedicado a extraer el mineral de forma irregular. También incluye a Josefina Mauricio Baylón - como principal socia de este presunto acto ilegal, según se lee en el documento remitido a Energía y Minas de La Libertad.

El ente regional de minas, también notificó a Sánchez Ballena para que paralice sus labores y le abrió un proceso administrativo sancionador.

Piden Intervención

Un grupo de comuneros se movilizó hasta la Subprefectura de Huamachuco para solicitar la intervención del nuevo subprefecto, Mario Vargas Vera, quien ha solicitado que la entidad regional corrobore los hechos.

Es una medida cautelar que notifica a los que están trabajando allí para paralicen sus actividades ilegales, pero las personas que han sido notificadas y no tienen ninguna responsabilidad deben hacer sus descargos correspondientes para que el Gobierno Regional tenga el conocimiento debido y el proceso siga su curso”, subrayó.