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Piden prisión para tres exdirectores de Cultura de Cusco

Caso Sheraton. Se halló responsabiliadad en Juan García, David Ugarte y Ricardo Ruiz Caro, por presuntamente haber favorecido obra de hotel en calle Shapy.

La Republica
Procesados. Ricardo Ruiz Caro, Juan García Rivas y David Ugarte afrontan investigación.
Luis Álvarez Guevara

La fiscal Anticorrupción Gloria Soto, formalizó acusación contra tres exdirectores de Cultura de Cusco, por la construcción del hotel de la calle Saphy o Sheraton. En el caso también están inmersos 22 exfuncionarios del ente cultural y de la Municipalidad Provincial del Cusco.

En la investigación se refiere que está comprobado que la cuestionada infraestructura hotelera vulnera los parámetros urbanísticos del Centro Histórico de Cusco. Asimismo, se advierte la destrucción de muros incas y republicanos, ante una aparente inacción de quienes estaban encargados de velar por la protección del legado cultural.

De acuerdo al documento fiscal elevado al Juzgado de Investigación Preparatoria, se encontró responsabilidad penal en Juan Julio García Rivas, David Ugarte Vega Centeno y Ricardo Ruiz Caro. Ellos habrían cometido el delito contra el patrimonio cultural, en la modalidad afectación de bienes culturales – subtipo omisión de deberes de funcionarios públicos.

La fiscalía propone para García Rivas cuatro años de pena privativa de la libertad, por la aprobación del anteproyecto del hotel Saphy, solicitada por la empresa R&G SAC, cuando era presidente de la Comisión Regional Técnica Calificadora de Proyectos Arquitectónicos en 2010. El documento no tenía sustento técnico en relación a los parámetros urbanísticos y de conservación arqueológica.

Para el exfuncionario David Ugarte, se pide 4 años y 8 meses por autorizar el plan de monitoreo arqueológico y la destrucción de un muro inca bajo la figura de desmontaje, en 2014.

Sobre la investigación, en su momento Ugarte dijo que esta acrecía de argumentos.

En el caso de Ruiz Caro, se le imputa la autorización del rearmado del muro prehispánico para la edificación de la nueva infraestructura. La pena propuesta es de cuatro años.

Caro respondió, semanas atrás, que firmó la autorización porque tenía todos los procedimientos de acuerdo a ley.

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