Aprobación del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DD.HH. protegerá a pueblos indígenas
Herramienta promoverá, desde el Estado, el fortalecimiento y respeto de los derechos humanos en todas las actividades empresariales del país, en alianza con el sector empresarial, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil organizada.
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Mediante Decreto Supremo N° 009-2021-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 (PNA-EDH). Tal como lo había anunciado hace unos días Eduardo Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien destacó que el Plan promueve el diálogo continuo entre las partes interesadas para fortalecer el respeto de los derechos humanos en el sector privado.
La aprobación del Plan forma parte de los compromisos asumidos por el Estado peruano en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, en lo referido a la implementación de estándares internacionales de Empresas y Derechos Humanos.
La asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) conversó con Daniel Sánchez Velásquez, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, quien destacó que la finalidad del PNA es “promover desde el Estado, en una alianza estratégica con el sector empresarial, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil organizada, una cultura de respeto de los derechos humanos en todas las actividades empresariales del país. Ello tendrá un impacto importante en la mejora de la calidad de vida de las personas, en especial de las más vulnerables, en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del ejercicio de ciudadanía, la prevención de la conflictividad, el asentamiento de la paz social, así como en la mejora de competitividad, productividad, y el desarrollo sostenible del país”, indicó.
Contar con este tipo de instrumento de política fue uno de los objetivos del proyecto “Empoderando a Pueblos Indígenas de la Amazonía peruana para la defensa de sus derechos a través de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos” ejecutado por DAR desde enero de 2018 con apoyo de la Unión Europea, y que involucró capacitaciones y coordinaciones cuando aún no se habían iniciado las gestiones para la elaboración de un PNA en Perú.
En el marco de este proyecto, DAR brindó asistencia técnica a la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y cinco de sus federaciones regionales: Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), Organización Regional AIDESEP de Ucayali (ORAU), Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), para la conformación de la Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos, que tuvo un importante rol al inicio del proceso, participando en las sesiones y presentando propuestas al PNA-EDH, como las reflejadas en el Barómetro Indígena sobre Empresas y Derechos Humanos.
Para Iris Olivera, coordinadora del Programa Derechos y Justicia Ambiental de DAR, “el PNA es una herramienta útil en la protección de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, quienes han sido los más afectados frente a las actividades extractivas; de esta manera, el Plan fijará los estándares internacionales sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas y se mejorará el diálogo participativo, descentralizado e intercultural”, precisó.
En un comunicado DAR reconoce la labor liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el diseño y la aprobación del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el Perú, que lo convierte en el 3° país en Latinoamérica y 25° en el mundo que cuenta con esa política pública.
Sin embargo, considera que este solo es un paso en medio de una serie de acciones urgentes requeridas para la protección, respeto y garantía de los derechos humanos. En tal sentido, se debe asegurar una implementación efectiva del documento de política, así como ejecutar acciones complementarias que vayan más allá de aspectos declarativos y atiendan las demandas de los pueblos indígenas, como lo han manifestado las que integran la Plataforma Indígena Amazónica.
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