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Áncash: provincias del Santa y Pallasca concentran la mayoría de conflictos sociales

La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades regionales y municipales reforzar el diálogo con la población a fin de hallar soluciones urgentes.

Uno de los conflictos activos es el ocasionado tras el desalojo de los comerciantes del exmercado El Progreso de Chimbote. Foto: Municipalidad del Santa.
Uno de los conflictos activos es el ocasionado tras el desalojo de los comerciantes del exmercado El Progreso de Chimbote. Foto: Municipalidad del Santa.
LR Norte

La Defensoría del Pueblo informó que en la región Áncash, hasta mayo del 2021, se reportó un total 16 conflictos sociales, de los cuales cinco se concentran en las provincias del Santa y Pallasca. Es decir, ambas localidades registran el 31% de los conflictos, en su mayoría de carácter socioambiental y municipal.

El ente defensorial indicó que uno de los conflictos en el Santa, en situación de activo, es el que se generó tras el desalojo de los comerciantes del exmercado El Progreso de Chimbote; terreno que será empleado para la construcción de un hospital. En este caso, la municipalidad aún incumple el compromiso de habilitar el coliseo Paul Harris para la reubicación de los vendedores.

Asimismo, en Coishco, existe un conflicto en situación de latente referido a la presencia de un botadero de basura cerca al túnel de esta localidad. En tanto, en el distrito de Cáceres del Perú, la población del caserío Huarupampa denuncia la contaminación del río que utilizan para el consumo humano y para las actividades agrícolas, por parte de una empresa que viene ejecutando obras en la carretera de acceso.

Con respecto a la provincia de Pallasca, en el distrito de Pampas, la ciudadanía demanda el cumplimiento de diversos compromisos a cargo de la empresa minera Tungsteno Málaga del Perú. Además, se oponen a la construcción de minicentrales hidroeléctricas por parte de la empresa Hydrika Generación, por temor a que se genere escasez de agua para la agricultura y consumo humano.

De igual forma, en esta provincia, la Defensoría del Pueblo mantiene en observación el caso de la movilización que protagonizó, en febrero último, un grupo de pobladores de la comunidad de Alto Marañón para reclamar la ejecución de obras viales y de saneamiento que les otorgue calidad de vida.

“Los reportes de conflictos sociales son un instrumento de monitoreo que tiene la Defensoría del Pueblo y que deben tomar en cuenta las autoridades a fin de promover el diálogo y evitar que las crisis se agudicen”, explicó la coordinadora del módulo de Defensoría del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva.

En el Perú se reporta 191 conflictos sociales en diversas regiones, donde Áncash ocupa el tercer lugar, solo detrás de Loreto y Cusco.