Aprueban políticas en favor de adultos mayores
Y personas con discapacidad. Ejecutivo busca promover la participación y acceso a servicios de población menos favorecida.
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Con el objetivo de atender las necesidades y fortalecer los derechos de los adultos mayores y las personas con discapacidad, el Ejecutivo promulgó ayer las Políticas Nacionales Multisectoriales para ambos grupos poblacionales.
Pues bien, la política referida a las personas adultas mayores (PAM) establece cinco objetivos prioritarios, entre los que destacan la calidad de la educación en todos los niveles y el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación.
“La política incluye la creación de una normativa de protección social para personas adultas mayores en situación de riesgo. Estas situaciones de riesgo tienen que ver con la violencia, abandono, deterioro, situación de dependencia, fragilidad. También está la creación del Programa Nacional 60, y estamos buscando justamente ampliarlo con esta política de manera articulada y que pueda llegar a nivel nacional”, explica a La República Katherine Castillo, titular de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer (Mimp).
Añade que “buscan que la implementación de estos servicios sea inmediata”. Es por ello que la presentación de la política se realizará el próximo 15 de junio, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a las Personas Adultas Mayores. Castillo también explica que para desarrollarlas se unirá esfuerzos con varios sectores del Estado, incluyendo gobiernos regionales y locales, así como con la sociedad civil.
En tanto, la norma relacionada con personas discapacitadas comprende 7 ejes: fortalecimiento de su participación política y social en actividades económicas dependientes e independientes; acceso y cobertura de los servicios integrales de salud; desarrollo de competencias en igualdad de oportunidades a través del acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna a lo largo de su trayectoria educativa en los diferentes niveles y modalidades de estudio; promoción de actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad; asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con discapacidad; y el fortalecimiento de la gestión pública en materia de discapacidad.
Dato
Adultos mayores. Lo integran más de 4 millones de personas, que en conjunto representarían el 12,2% de la población total del país.
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