Piura: juez dicta 18 meses de prisión preventiva para exfuncionarios del GORE
La Fiscalía logró acreditar que existen fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito de colusión agravada.
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Este martes 1 de mayo, el fiscal José Jiménez Moscol, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Piura, obtuvo 18 meses de prisión preventiva para cinco exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura por el delito de colusión agravada en contra del Estado.
Por otro lado, Richard Gonzales Alcedo, se impuso comparecencia con restricciones y su liberación previo pago de una caución. Extremo que fue apelado por el fiscal.
Gonzales Alcedo, Edwarth Garcés Colupu, Juan Távara Elías y Omar Morales Alvarado, detenidos en un operativo; así como Carlos Andrés Palacios Meza y José Altiere Tafur Guivin, quienes se encuentran con órdenes de captura, son investigados por irregularidades en la contratación del Consorcio Constructor MNDC, que debía realizar obras y equipar un establecimiento de salud en Máncora, en la provincia piurana de Talara.
Indicios
El juez anticorrupción Cristhian Azabache Vidal evaluó los indicios encontrados por la Fiscalía, como que el comité de selección no habría observado los plazos establecidos por la ley y otorgó la buena pro a consorcio que no acreditó línea de crédito. Además, el contrato de obra fue firmado fuera del plazo establecido y sin la totalidad de documentación para su perfeccionamiento.
Asimismo, otro indicio fundado es que se suscribió contrato con profesional que carece de la experiencia exigida en las bases del procedimiento, se perfeccionó el contrato de obra con información carente de veracidad, presentación y trámite irregular de carta fianza de fiel cumplimiento, entre otros.
De esta forma, la Fiscalía logró acreditar que sí existen fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito, uno de los motivos para otorgar la prisión preventiva.
Los otros presupuestos fueron que la pena a imponer es mayor a cuatro años y que existe peligro procesal, por lo que el Juzgado resolvió declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra los investigados que solicitó la Fiscalía anticorrupción.
La medida se dictó en base a las irregularidades detectadas en el proceso de selección de las obras de Mejoramiento del Centro de Salud de Máncora.
