Admiten demanda contra Congreso por nueva ley para personas con discapacidad

Sodis presentó una demanda de cumplimiento de la ley vigente ante el Poder Judicial porque el Parlamento no realizó consulta previa.

La ley 29973, dictada en el año 2012, estipula el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad. Foto: Difusión
La ley 29973, dictada en el año 2012, estipula el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad. Foto: Difusión
David Amez

Exigen el derecho a pronunciarse sobre normas que les atañan. La ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), que vela por los derechos de las personas con discapacidad, presentó una demanda por cumplimiento ante el Poder Judicial, debido a que el Congreso de la República no realizó la consulta previa sobre normas que impliquen a este sector de la población.

De acuerdo con la Ley 29973 de personas con discapacidad, el derecho a la consulta previa tiene una serie de lineamientos. Estos fueron detallados por María Verónica del Mastro, abogada investigadora de la referida ONG, en declaraciones para La República.

“Se tiene que consultar la normativa en todas sus etapas, tanto de elaboración como de diseño y aprobación. Tiene que haber buena fe en las consultas, con espacio para participar de las organizaciones y una intención de escucharlas para recoger sus aportes y observaciones. También debe haber una convocatoria pública a las organizaciones representativas de distintos tipos de discapacidad, tanto físicas como intelectuales”, precisó.

Sin embargo, según explica la especialista, el Congreso está atentando contra dicho principio. “Las personas con discapacidad, por la convención y por la ley actual, tienen el derecho de que toda norma, política o proyecto que vaya a impactar en sus vidas sean consultados con ellas. Pero no se ha hecho una consulta significativa con las organizaciones”, explicó.

Entidades públicas incumplen cuota labora de personas con discapacidad

Del Mastro añadió que un proyecto de ley de esta magnitud, que propone una derogación de la ley actual y reemplazarla por una nueva ley, debe ser consultado en todas sus etapas. “No se consultó en un inicio ni ahora, y resulta que ya es dictamen. Hay un alto riesgo de que se pueda aprobar”, acotó.

La abogada agregó que se está violando el derecho de estas personas, no solo al no respetar la Ley 29973 decretada en 2012, sino también a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Perú en el año 2008 y que tiene rango constitucional. Es decir, el derecho a la consulta previa está estipulado tanto a nivel nacional como internacional.

Por otro lado, Del Mastro enfatizó que el argumento del Congreso para la mencionada derogatoria carece de sustento. “Según ellos, había como 22 proyectos de ley de la Comisión de Inclusión Social que no habían sido debatidos y que proponían algunas modificaciones o presuntas normativas en relación a las personas con discapacidad. Pero son proyectos desfasados, que no fueron consultados y que proponen más un enfoque asistencialista de la discapacidad en vez de promover la inclusión de estas personas”.

Finalmente, la representante legal de Sodis señaló que las intenciones del Congreso estarían relacionadas con intereses personales de protagonismo. “Muchas de las organizaciones que están en contra comparten que debe haber algún interés detrás al no tener muchos productos que sacar en la Comisión de Inclusión Social y, en vez de estar fiscalizando desde el Congreso el cumplimiento de la ley como también les corresponde, tienen la idea de que vende más su trabajo si sacan nuevas leyes. Sacar leyes sobre discapacidad suena rimbombante, pero en la práctica están provocando un retroceso”.

De a cuerdo con Del Mastro, más de 250 organizaciones se han pronunciado en contra del dictamen del Congreso que busca derogar la consulta previa. Seis de ellas presentaron una demanda de acción de cumplimiento que ya fue admitida por el Poder Judicial. La intención es que el dictamen del Legislativo no pase directamente a pleno, sino que se aborde antes con la consulta previa correspondiente.

Oposición desde el predictamen

El lunes 8 de febrero, cuando se aprobó el predictamen que planteaba la nueva ley general para personas discapacitadas, 137 organizaciones civiles solicitaron a la Comisión de Inclusión Social del Parlamento que no se apruebe una nueva ley sin consulta previa, ya que, según consideraron, “no es conveniente” derogar la norma actual en medio de una pandemia.

La Defensoría del Pueblo mostró en su momento una posición similar a través de su cuenta de Twitter: “La consulta debe realizarse a nivel nacional y seguir con los principios de accesibilidad y buena fe, con los plazos razonables para garantizar la participación activa de personas con discapacidad y sus organizaciones”, escribieron en una publicación de la red social.