Municipio de JLO en la mira de Contraloría y Salud por alimentos contaminados
El ente de control confirmó que autoridades incumplieron orden de destrucción e inmovilización de productos afectados con excremento de aves.
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La Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz incumplió la disposición de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Lambayeque respecto a la destrucción e inmovilización de alimentos del programa Qali Warma contaminados pese que es un riesgo para la salud pública.
Así lo contempló la Contraloría General de la República en el Informe n.° 005. El documento indicó que dicha dependencia de la Gerencia Regional de Salud ordenó esta medida para garantizar la inocuidad de los otros productos almacenados en el coliseo del colegio Nicolás La Torre.
Incluso mencionó que esta situación puede afectar la continuidad del proceso, el resultado o logro de los objetivos de salvaguardar las condiciones sanitarias a fin de evitar el riesgo de contaminación cruzada de los alimentos.
Problema
El ente de control precisó que el 11 de febrero de 2021 remitió el Oficio n.° 088 a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental para informar que la comuna almacenaba alimentos en un ambiente que no reúne las condiciones sanitarias, lo que podría generar contaminación.
En esa línea, detalló que el sector Salud intervino y comprobó este problema, incluso detectó excesiva presencia de excremento de aves en los empaques de los productos. Es por eso que ordenó la destrucción de botellas de aceite y 24 cajas de atún. Además, inmovilizó el resto del producto hasta que se realicen los exámenes microbiológicos.
Sin embargo, señaló que el municipio no respetó la disposición, ya que no eliminó los alimentos contaminados y continuó con la entrega de productos a los beneficiarios de Qali Warma.
Denuncia penal
También acotó que este programa de alimentación escolar entregó los productos el 28 de noviembre de 2020; sin embargo, la municipalidad no cumplió con la distribución en el tiempo adecuado.
La Contraloría anotó que las autoridades, al no ejecutar lo dispuesto por Salud, obtendrían una sanción administrativa y denuncia penal por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.
Periodista egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chiclayo (UDCH). Redactora de la sección Sociedad de La República y con interés en temas políticos.
