Los últimos de la fila: los voluntarios de Sinopharm aún a la deriva

Por la confidencialidad del proyecto, muchos de ellos se conocieron recién por las redes sociales porque tenían algo en común: el sentirse los últimos de la fila. Pero el silencio se acabó.

Ayer, decenas de voluntarios de los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, que desarrolla la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en el país, realizaron un plantón en el frontis del Instituto Nacional de Salud (INS) con el fin de encontrar las soluciones que les son esquivas.

“Pusimos el hombro y ahora nos están dando la espalda”, es la frase que mejor resume su situación. Esta lucía en varios carteles que llevaban estos peruanos que forman parte de los 12 mil que en setiembre pasado aceptaron participar en dicho estudio que iba a contribuir en la lucha contra el Covid-19.

“Exigimos que se abra el ciego (secreto de la vacuna) de todos los voluntarios de Sinopharm. Necesitamos saber qué nos inocularon: recordemos que a 4 mil les han puesto la cepa de Beijing (que es la efectiva), a otros 4 mil la de Wuhan (con resultados poco alentadores) y a 4 mil más placebo. Queremos saber si estamos protegidos o no”, dice Evelyn Esquivel.

¿Qué nos inocularon?

Esta duda se incrementó luego de resultados preliminares que señalaron que la vacuna con la cepa de Wuhan tiene una baja eficacia para evitar hospitalizaciones y muertes, a diferencia de la cepa de Beijing (que se aplica en el Perú). Por eso, el 18 de marzo la UPCH precisó que los participantes podían solicitar la apertura del ciego para saber si habían recibido la dosis o el placebo, y así incorporarse al plan de vacunación del Gobierno.

“Días después, la Cayetano presentó el respectivo informe, pero el INS respondió que debía subsanar varias observaciones porque no cumplía con el protocolo para la apertura de los ciegos”, señaló el voluntario Ricardo Parra, quien se mostró preocupado por la reciente renuncia de la médica Coralith García, quien había reemplazado a Germán Málaga en el liderazgo del proyecto. “¿Ahora quién va a atender nuestro legítimo reclamo si otra vez el ensayo clínico de Sinopharm está descabezado tras el vacunagate?”, dijo el ingeniero de 60 años.

Este es un grave problema porque a la fecha existen tres voluntarios fallecidos y varios que están graves en UCI.

El último en fallecer es Joel Paul Herrera (48) en el hospital Mongrut, de EsSalud, en San Miguel. Sus familiares, que hasta hace poco pedían una cama UCI, exigen saber si le pusieron placebo o la cepa de Wuhan.

Eso es lo mismo que pregunta Magaly, hija de Juan Quiñones Miranda (74), quien el 18 de febrero se convirtió en el segundo voluntario fallecido de Covid-19 en Chimbote (Áncash). Ella ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para tener respuestas, informó el portal Salud con Lupa. Hay que precisar que solo en el deceso de la primera voluntaria se conoció que había recibido placebo. Esto ocurrió en enero, antes del vacunagate.

Quienes también piden que se abra el secreto de la vacuna son las personas que están en UCI. El diseñador gráfico Marco Bossio Príncipe (34) está internado por Covid-19 en el hospital Mongrut. Su padre Luis Antonio no sabe si les inocularon a ambos placebo o una de las dos cepas. “Yo participé en los ensayos de la UPCH y él en los que realiza (en apoyo) la Universidad Nacional de San Marcos”, explicó.

La respuesta a esta interrogante ya es una necesidad.

Primera línea en riesgo

Pero hay otro problema que también piden solucionar. Resulta que, a inicios de febrero, como parte de su compromiso, la UPCH aplicó una primera dosis a más de 100 voluntarios que habían recibido placebo debido a que trabajan en primera línea (médicos, enfermeras) y estaban en la primera fase.

Pues bien, ellos se han quedado en el aire desde que se destapó el escándalo de la vacunación irregular que involucró a 470 personas, entre investigadores, ministras, funcionarios e invitados. “Por eso, entre otros de nuestros reclamos, estamos pidiendo que les apliquen la segunda dosis a estos voluntarios que están expuestos”, señaló Jorge Abanto, otro voluntario.

Además, los manifestantes están exigiendo que se deje sin efecto la inmovilización de las 861 dosis que la Fiscalía halló en los centros de investigación de Cayetano Heredia y San Marcos.

“Esas dosis piensan destruirlas cuando pueden servir para completar la vacunación del personal de primera línea que tuvo placebo y que solo recibió una dosis”, reclama Ricardo Parra. Adicionalmente, los voluntarios piden que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) autorice la importación de las dosis necesarias para vacunar a la mayoría de los 8 mil participantes que recibieron placebo o la cepa de Wuhan (con baja eficacia).

Evalúan ir a la vía judicial

Según Parra, existen diversos grupos de los 12 mil voluntarios que se han reunido para protestar. Aún no logran hacer un solo conjunto. “En nuestro caso, ayer participamos en la reunión con autoridades del INS y la UPCH; y hemos dado un plazo de cinco días hábiles para que den solución a nuestros reclamos. Ya presentamos un oficio. De no haber respuesta, iremos a las instancias judiciales por los delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales”, dijo. Ellos quieren tener alguna seguridad.

Ugarte: “El INS apoyará, pero todo depende de la UPCH”

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, reiteró que la Universidad Cayetano Heredia tiene la responsabilidad de solucionar el reclamo de los voluntarios. No obstante, dijo que el INS está tratando de ayudar.

“Por problemas internos en la universidad hay demoras en la apertura de los estudios ciegos. (Ayer) hemos estado hablando con las dos partes y eso va a ser respondido inmediatamente por el INS, que a su vez le pedirá a la Digemid que autorice la importación de las dosis para vacunar a los voluntarios. Eso está en camino, no tiene que haber una dificultad, pero el punto de partida es la propia universidad que tenía que hacer el pedido”, refirió.

Sobre el tema, el investigador Percy-Tristán dijo que es importante que el ensayo clínico pueda concluirse pese a los problemas.

El accidentado camino de un ensayo clínico

Agosto-setiembre del 2020

El 20 de agosto, el entonces presidente Martín Vizcarra anunció que se había autorizado al laboratorio chino Sinopharm realizar los ensayos clínicos de su vacuna contra el Covid-19. Así, tras una rápida acogida de voluntarios, el 9 de setiembre el investigador responsable del proceso en la UPCH, Germán Málaga, dio inicio a la inoculación de la primera dosis.

Enero-febrero del 2021

En enero se reportó la muerte de una voluntaria que había recibido placebo. En febrero, días después del arribo del primer lote de la vacuna de Sinopharm al Perú, se destapa el vacunagate. No solo se había inmunizado irregularmente el expresidente Vizcarra sino también a 470 personas, entre investigadores, ministras, funcionarios y hasta invitados.

Febrero del 2021

Germán Málaga es separado del proyecto. El INS suspende el registro de la UPCH para nuevos ensayos. Se registra la muerte de un segundo voluntario en Chimbote.

Del 6 al 10 de marzo 2021

Según un estudio preliminar de la UPCH, la cepa de Beijing ha mostrado un resultado positivo, a diferencia de la de Wuhan. En Perú se aplicó la última a 4 mil voluntarios.

Del 25 al 26 de marzo 2021

El jueves 25 se conoce la renuncia de Coralith García, la investigadora que reemplazó a Germán Málaga. Un día después, los voluntarios hacen un plantón.

Reacciones

Ricardo Parra, voluntario

“A pesar del maltrato queremos que el ensayo clínico concluya porque nuestra intención fue siempre contribuir al país. Ahora, eso no quita que hoy tengamos que pedir respuestas. Necesitamos saber si nos inocularon placebo o la cepa de Wuhan”.

Evelyn Esquivel, voluntaria

“Nos hemos visto obligados a realizar este plantón dada la poca o casi nula comunicación que existe de parte de los responsables del ensayo (la Universidad Cayetano Heredia). Nosotros estamos abandonados desde hace buen tiempo”.

Jorge Abanto, voluntario

“Invoco a la premier y al presidente para que coordinen con el ministro de Salud y viabilicen un decreto supremo o alguna norma que pueda darnos una solución clara en los próximos días. La indignación crece y ya se evalúan medidas legales”.

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