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Ley de Identidad de Género avanza pese a posturas antiderechos y fundamentalistas

El próximo 29 de marzo, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso votará el predictamen sobre la Ley de Identidad de Género. Su aprobación representaría un primer paso a favor de los derechos de las personas trans e intersexuales en el Perú.

Aún continúa la lucha de la comunidad LGTBIQ+ para que sus derechos sean reconocidos en sus documentos de identidad. Foto: Javier Quispe Arcasi/Bryan Rubio
Aún continúa la lucha de la comunidad LGTBIQ+ para que sus derechos sean reconocidos en sus documentos de identidad. Foto: Javier Quispe Arcasi/Bryan Rubio
Milagros Requena

Como activista y defensora de los derechos de las personas trans se califica Isabella Fernández, a quien la vida le enseñó que mientras para algunas personas el derecho a la identidad estaba garantizado, para ella acceder a este sería una constante lucha que ha logrado a costa de esfuerzo y superando obstáculo tras obstáculo. Prueba de ello es que obtuvo su identidad luego de un juicio “largo, costoso y engorroso”, aunque reclama que “debería ser un trámite administrativo como con cualquier otra persona”.

El último lunes 15 de marzo, cuando la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República decidió postergar el debate del predictamen del proyecto de ley N.º 790, Ley de Identidad de Género, ante el pedido previo de una opinión consultiva al Ministerio de Salud, Fernández no se sorprendió. “Esto ya ha sido pateado constantemente y siempre le buscan un pretexto nuevo”, precisa.

Activistas de derechos humanos protestan para exigir reconocimiento por parte del estado peruano en Lima (Perú). Foto: Ernesto Arias/EFE

El predictamen a favor del proyecto de la ley N.º 790 —realizado por la Comisión de la Mujer y la Familia— reconoce la identidad de género manifestada y el libre desarrollo de las personas de acuerdo a su expresión o identidad sin sufrir discriminación o presiones. Además, garantiza que las personas trans reciban una atención integral de la administración pública y ejerzan su libertad en todos los ámbitos de la vida.

La activista detalló que la problemática de identidad es “transversal”: implica desde el acceso a la educación hasta las posibilidades de conseguir un trabajo o atenderse en un centro de salud. “Vemos constantemente cómo surge la discriminación al tratar de acceder a algún tipo de servicio”, precisa.

A pesar de que el proyecto de ley de identidad fue ingresado en diciembre de 2016 y dirigido a la Comisión de Constitución y Reglamento y a la Comisión de la Mujer y Familia en el mismo mes, el debate se retomó después de cuatro años. Por ello, el pedido de la congresista Julia Ayquipa sobre la opinión consultiva al Ministerio de Salud (Minsa) fue cuestionado por diversas organizaciones a favor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Leyla Huertas, directora de la organización Féminas, criticó la solicitud de la parlamentaria del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap). “Ya se ha evaluado (el pedido), ya se ha visto y las opiniones en mayoría son favorables. ¿Qué tiene que opinar el Minsa en un tema de identidad? Existe una norma técnica de la entidad que reconoce a las personas trans”, puntualiza.

Leyla Huertas, directora de la organización Féminas. Foto: Virgilio Grajeda/GLR

El Ministerio de Salud a través de su norma técnica N.° 126-MINSA/2016/DGIESP estableció brindar una atención integral a la población trans femenina para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, principalmente casos de VIH y SIDA. Sin embargo, Huertas señaló en una entrevista a este medio que este reconocimiento es el único campo de acción del Gobierno hacia la comunidad trans.

Sin ley de identidad, discriminación institucional

La congresista Ayquipa también indicó que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es la organización competente de establecer los procedimientos administrativos para que las personas de las comunidades hagan uso de su legítimo derecho a la identidad.

Sin embargo, a pesar de que el Poder Judicial ordenó a la entidad implementar un procedimiento para el cambio de nombre y sexo de las personas trans e intersexuales en el Documento Nacional de Identidad, Reniec apeló la sentencia e indicó que no existe “normativa” que reconozca este derecho.

La República se comunicó con la entidad para solicitar una entrevista sobre el tema y conocer la cantidad de casos de cambio de nombre o de sexo con orden judicial —la única manera para que las personas trans e intersexuales puedan acceder a su identidad—; pero el Reniec no respondió el pedido. En una entrevista anterior con este medio, la Procuraduría Pública de la organización señaló que hasta el 2019 existían 172 demandas judiciales para este pedido sin resolver.

Posturas antiderechos y fundamentalistas

La congresista Liliana Pinedo, de Fuerza Popular, expresó que el propósito de la norma a debatir apunta a evitar la discriminación y la violencia contra las personas que no se autoidentifican con su identidad, pero consideró que “este propósito se puede cumplir sin necesidad de ningún cambio legislativo”. “La ley ya reconoce como delito la discriminación y el maltrato a cualquier persona”, mencionó.

Fhran Medina, abogado parte de la Red de Litigantes LGBT de las Américas, precisa que es necesario considerar las situaciones vinculadas a los derechos civiles de las personas trans. Si bien los decretos legislativos actuales abordan la discriminación de esta comunidad, estos no precisan sobre los trámites en instituciones públicas o privadas, en los títulos profesionales o técnicos, o en la atención de salud.

En la misma línea, la parlamentaria argumentó que aprobar una Ley de Identidad de Género implica “darle ventajas” a un grupo sobre los demás. “Si el propósito es proteger a las personas debería ser una protección que valga para todos (...) (si no) va en contra de un principio de igualdad”, agregó Pinedo.

No obstante, Medina resalta que las personas trans viven en una situación de desigualdad ante la falta de un reconocimiento a su identidad. “Eso se traduce en la realidad con hechos de discriminación como objetar su identidad al momento de presentar su DNI, acusarlas de usurpación cuando se trata de la misma persona, entre otras cosas (...) (La ley) no es una situación que le da ventaja a ninguna persona, es una normativa que permitiría que estas personas puedan realizar sus obligaciones, sus derechos civiles de manera equitativa”, precisa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su Opinión Consultiva 24/17, ha indicado que la identidad de género y la orientación sexual son categorías protegidas por la Convención Americana y que los Estados están en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para que las categorías sean reconocidas.

Ante ello, es deber de las entidades gubernamentales establecer los mecanismos necesarios para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

El próximo 29 de marzo, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República debatirá el predictamen a favor de la Ley de Identidad de Género. Bruno Fernández de Córdova, abogado y miembro de Más Igualdad Perú, explica que tras aquel debate, corresponde a la Comisión de Constitución pronunciarse —ya sea a favor, en contra o en abstención— para que el proyecto de ley pueda llegar al pleno. En caso contrario, en julio, al finalizar el periodo parlamentario, se archivaría todo lo avanzado.

“Es fundamental que desde el Ministerio de Salud se siga los actos previos que ya se han presentado en favor de las personas trans con el fin de emitir una opinión favorable (...) y es sumamente importante que la Comisión de la Mujer apruebe esto”, finaliza.