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A cuatro meses de la muerte de Inti y Bryan, no se señalan a los culpables

Deudos piden que la Fiscalía incluya de una vez en la investigación a los policías que figuran en el informe que la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior entregó en enero pasado. También solicitan que se defina de una vez si el Estado entregará indemnizaciones.

Las muertes de dos jóvenes en las marchas contra la vacancia generó indignación, pero también muestras de solidaridad y clamor de justicia. Foto: La República
Las muertes de dos jóvenes en las marchas contra la vacancia generó indignación, pero también muestras de solidaridad y clamor de justicia. Foto: La República
Carlos  Atúncar,Luiggi  Díaz ,

“Ya son cuatro meses y la espera desespera”, dice Pacha Sotelo al hablar de las investigaciones sobre la muerte de su hermano Inti Sotelo, quien fue asesinado la noche del 14 de noviembre pasado al recibir cuatro impactos de perdigón en el cruce de las avenidas Lampa y Nicolás de Piérola, en el Centro de Lima. Por la muerte del joven de 24 años y la de Bryan Pintado, de 22 años, aún nadie ha respondido a la fecha y las familias piden que se agilice el proceso.

La demora

En un inicio, la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima, a cargo del fiscal Jhonny Soto, tomó la investigación por los hechos acontecidos en las manifestaciones en rechazo a la asunción de Manuel Merino a la presidencia.

Dos semanas después, el 30 de noviembre, el mismo despacho declaró la investigación como compleja, por lo que los abogados de algunos denunciantes y la Defensoría del Pueblo solicitaron a la Fiscalía de la Nación la creación de una fiscalía ad hoc para que se aboque únicamente en las denuncias de las marchas. En respuesta, el Ministerio Público dispuso que la investigación pase a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo de Jhousy Margot Aburto Garavito.

Si bien el cambio de fiscalía para darle exclusividad al caso fue un cambio positivo, también generó una demora porque la nueva fiscal debió revisar todo desde un inicio para familiarizarse con lo que iba a tratar. “Fue bueno que la fiscal de la Nación atienda los pedidos que hacían las defensas de las víctimas. El problema vino cuando luego de ser designada Jhousy Aburto como fiscal del caso, no sabía nada y hasta que entienda el caso, yo creo que le ha costado varias semanas”, señala el abogado del IDL Carlos, Rivera, defensor de la familia de Inti Sotelo.

A esto se suma que algunos miembros de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima enfermaron de COVID-19 en el transcurso de estos meses y por ello tuvieron que suspenderse algunas actividades, demorando el avance del proceso.

Cuando el fiscal Yony Soto asumió el caso se otorgó un plazo de investigación preliminar de ocho meses y este no ha sido ampliado. Es decir, la investigación se encuentra a la mitad y no se sabe si podrá concluir con todas las diligencias a tiempo debido a la complejidad del caso, pues hasta el momento existen una veintena de folios que forman del mismo.

Hay que agregar que la fiscalía en mención no solo tiene a cargo la carpeta 54 que indaga sobre las dos muertes y las lesiones de 92 personas, sino que, además, ve el caso por la presunta detención arbitraria y la probable desaparición temporal del joven Luis Fernando Araujo. Asimismo, busca determinar si es que un manifestante fue sometido a torturas.

Exigen definir nombres

Las víctimas, los deudos de los fallecidos y los abogados creen que ya es tiempo de que la fiscalía encargada incluya en la investigación a las personas que la noche del 14 de noviembre se encontraban en el frente policial usando armas. A la fecha, los únicos sindicados con nombre y apellido son el exjefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Cayas, y el exsubcomandante general de la Policía Nacional, general PNP Jorge Lam Almonte.

“No cuadra que solamente dos personas sean objeto de investigación. Esa noche se tomaron medidas que se decidieron en el campo, cosas que no estaban en el plan de operaciones”, dice Pacha Sotelo.

Los nombres de los autores materiales estarían comprendidos en el informe que presentó la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior en enero pasado y cuya copia ya se encuentra en manos del Ministerio Público.

“Ese informe es un documento súper valioso porque proporciona información sobre las personas, hablo de los oficiales de la Policía que tuvieron responsabilidad directa en la contención de los manifestantes, tanto en los cruces de Lampa con Nicolás de Piérola, como en Nicolás de Piérola con Abancay, que son los lugares donde hubo mayor represión y sobre todo, los lugares donde se produjeron las muertes de Bryan Pintado e Inti Sotelo”, dice el abogado Rivera.

En ese sentido, en las siguientes semanas harán un pedido a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial para que otros miembros de la PNP sean considerados como investigados y no solo como testigos. “Es el tiempo oportuno para que la Fiscalía ya vaya determinando las responsabilidades de los otros oficiales que estuvieron más vinculados a la ejecución material de la operación policial. Me parece que sería un paso muy importante”, apunta Rivera.

Los desactivadores de bomba habrían sido el blanco

Para Pacha Sotelo es importante que la fiscalía no deje pasar el detalle de que los dos fallecidos y varios de los heridos cumplieron el rol de desactivar las bombas lacrimógenas que la Policía lanzaba contra los manifestantes. Para el joven, esto demostraría que los agentes sí tuvieron la intención de disparar.

“También podrían acoger nuestra teoría de que esa noche la Policía estuvo disparando a los desactivadores de bomba, no es casualidad que 10 compañeros que desactivaron bombas hayan caído y dos de ellos hayan fallecido, eso no es causalidad, han sido disparos adrede y tenemos tres testimonios que son muy importantes”, comenta el deudo.

Uno de los testimonios es el de Jon Cordero (24), quien recibió un perdigón en la columna en el mismo cruce donde cayó Inti Sotelo. Cordero fue sometido en el Hospital Arzobispo Loayza a dos operaciones, una para retirarle el proyectil y otra para fijar la vértebra afectada, donde le colocaron seis clavos y dos placas. Estuvo cerca de seis semanas hospitalizado y el 11 de enero ingresó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), de donde fue dado de alta hace dos días.

En las marchas, el joven de 24 años también cumplió la labor de desactivar bombas lacrimógenas, una labor que, según dice, aprendió mirando videos en YouTube. Cree que el papel que desempeñó fue determinante para convertirse en blanco de los escopeteros.

“Sí, creo que nos agarraron tirria. Al momento que estaba adelante con mi compañero, a él le lanzaron directamente al cuerpo bombas lacrimógenas, yo lo hago retroceder y esa lacrimógena que le rebotó a él, fue la que agarré y la devolví (hacia los policías). Se habrán quedado picones porque en ese momento habíamos avanzado prácticamente a primera línea y al momento de voltearme, buscando a mi amigo, fue ahí cuando me desplomo”, narra.

Ahora Jon lucha por mejorar la movilidad de sus piernas, especialmente la izquierda donde tiene un soporte porque aún no la puede controlar. “En la izquierda (no siento) casi nada, pero sí puedo hacer alguna que otra contracción voluntaria; en la derecha, la sensibilidad es buena hasta la rodilla y desde la rodilla hasta el pie, es disminuida”, afirma.

El joven realiza por su cuenta ejercicios que le recomendó su terapista y en las próximas semanas comenzará con sus terapias ambulatorias en el INR. “Me comentaron que mi lesión fue incompleta, o sea que puedo tener mejorías y por lo menos en un año se pueden sacar conclusiones de cómo voy a quedar y cuáles son las secuelas de la herida. Recién han pasado tres o cuatro meses y he tenido un buen avance”, dice con optimismo.

En el tiempo que permanece en casa, Jon ha retomado sus estudios para poder postular a la universidad.

Testigos

Otra exigencia de los afectados es que se agilice la recopilación de testimonios. Pacha Sotelo indica que cuando el fiscal a cargo era Jhony Soto le enviaron un documento con personas que podrían ser consideradas como testigos protegidos, pero, según señala, a la fecha, no han sido llamados a declarar.

Al respecto, el abogado Rivera menciona que hace poco más de dos semanas la fiscalía reprogramó todas las diligencias en cuanto a las declaraciones, las cuales ya se están realizando. Uno de los que ha sido citado el 5 de abril para brindar su testimonio es Jon Cordero.

Para Pacha Sotelo, la declaración de testigos es de vital importancia teniendo en cuenta que no existen muchos videos de seguridad en las zonas donde fueron atacados su hermano y Bryan Pintado. De hecho, la municipalidad de Lima fue criticada porque su sistema de videovigilancia no captó el área mencionada.

“Lo que pasa es que tienen que contrastar los videos con lo que nuestros testigos digan, porque uno de ellos es el amigo que estuvo con él (Inti) toda la noche de la marcha, también una señorita que grabó el momento que el perdigón pasa muy cerca de ella y otro compañero que graba cuando mi hermano se queja cuando le cae el impacto” dice.

No se define indemnización

El 29 de diciembre del año pasado se instaló una Comisión Multisectorial para dar seguimiento al apoyo brindado a las familias de los fallecidos y aquellos que sufrieron lesiones graves en las movilizaciones ocurridas entre el 10 y 14 de noviembre y el 1 y 3 de diciembre de 2020. Este grupo está encabezado por el Ministerio de Justicia, pero también lo integran otros sectores como Salud, Educación, Midis, Mujer, Trabajo, PCM, SIS, así como representantes de los afectados y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Este grupo actualmente asiste a 36 personas, 26 ellos con heridas de gravedad y 10 deudos de los 3 fallecidos (Inti Sotelo, Bryan Pintado y Jorge Muñoz Jiménez, quien falleció en el paro agrario en el norte).

Marlene Román, secretaria técnica de dicha comisión, asegura que desde un inicio tomaron contacto con los deudos y heridos para atender sus necesidades inmediatas, sobre todo en materia de salud y asistencia humanitaria. Asegura que todos los heridos han sido afiliados al SIS, algunas personas inscritas en programas sociales y se han entregado becas.

Por su parte, Pacha Sotelo, representante de los heridos y deudos en la comisión, afirma que una de las principales exigencias de ellos es recibir una indemnización por parte del Estado, y si bien se planteó desde un principio, a la fecha no se ha definido.

“En el caso de la indemnización, yo solo me limitaría a decir que está en evaluación”, señala Román.

En la Fiscalía de la Nación

A la par que la Primera Fiscalía Supraprovincial tiene a su cargo las tres carpetas antes mencionadas, es preciso recordar que la Fiscalía de la Nación abrió una investigación a Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones graves “en el contexto de violación de derechos humanos”.

“Puedo asegurarles que estas muertes no quedarán impunes”, dijo en aquella oportunidad la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos; sin embargo, no se habría avanzado lo suficiente.

“Ahí técnicamente no se ha hecho nada, yo creo que la Fiscalía de la Nación, más allá de haber abierto la investigación, lo que está esperando son los resultados de la Fiscalía Supraprovincial porque finalmente están investigando el mismo hecho”, dice el abogado Carlos Rivera.