Un recuento por todos los escándalos que agudizaron la pandemia en el Perú

Un presidente destituido, cinco ministros de Salud, dos jóvenes que se convirtieron en Héroes del Bicentenario y el Vacunagate, sumado a otros casos de corrupción, son los escenarios que tuvo que afrontar el Perú desde la detección del caso 0 de coronavirus, el 6 de marzo de 2020.

Los casos de corrupción no fueron ajenos a la pandemia. Foto: composición/La República
Los casos de corrupción no fueron ajenos a la pandemia. Foto: composición/La República
Carlos  Atúncar

Perú no lleva solo un año intentando contener la pandemia del SARS-CoV-2. A la falta de personal sanitario y el deficiente sistema de salud, se sumaron otros sucesos que marcaron y agravaron el panorama que enfrenta el país, ahora con una segunda ola.

Fue el viernes 6 de marzo de 2020 que el entonces presidente Martín Vizcarra anunciaba, en un mensaje a la nación, que un joven de 25 años que arribó desde Europa a territorio nacional había dado positivo a la enfermedad.

Desde entonces, las medidas para contener la propagación del virus incluyeron una cuarentena obligatoria, el toque de queda, la instauración de un estado de emergencia, emisión de bonos para la población vulnerable y un largo etcétera que hasta ahora, lamentablemente, no es suficiente.

A un año del caso 0, La República hace un recuento de los principales hechos que marcaron la memoria de los peruanos. Denuncias de casos de corrupción, la destitución de un presidente, dos jóvenes que fallecieron en su lucha contra un golpe de Estado y la vacunación irregular de funcionarios son algunos de ellos.

Presuntas compras irregulares de pruebas COVID-19

En octubre de 2020, siete meses después del inicio de la cuarentena y en medio del incremento de casos, la Fiscalía intervino Perú Compras, institución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por el presunto direccionamiento en la adquisición de pruebas rápidas durante la emergencia sanitaria.

Ya en marzo, Ernesto Bustamante, exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS), cuestionó la compra de pruebas de diagnóstico rápido para detectar coronavirus. En una entrevista con Canal N, señaló que este insumo proveniente de Shangai (China), adquirido por el Gobierno, no detecta la COVID-19 a tiempo, por lo que los resultados que revelan pueden no ser verdaderos.

“No conozco los términos de la compra, pero lo que se hace se deshace. Estas pruebas van a generar mucha frustración a la población, porque van a generar resultados negativos que son falsos negativos”, alertó en ese entonces.

Aumento de precios de productos sanitarios

El Gobierno exhortaba a la población el constante lavado de manos, desinfección de áreas comunes y el uso de mascarillas. En ese sentido, la compra de alcohol, productos de limpieza y del protector facial aumentó de forma desenfrenada.

Ya en febrero de 2020, antes incluso de la primera cuarentena, el precio de las mascarillas subió en más de siete veces su valor. “De lo que te costaba 4 soles la caja ha aumentado a 30 soles”, afirmó una vendedora a La República.

En febrero de 2021, el precio de elementos para prevenir la COVID-19 también incrementó. La mayoría subió en un 25%, aproximadamente, según las declaraciones de comerciantes a un medio local. El del alcohol, que antes costaba S/ 9,50 por un litro, ahora es de S/ 13, sostuvo uno de ellos.

La vacancia de Martín Vizcarra y un golpe de Estado

El 9 de noviembre de 2020 todo el país era testigo de una segunda moción de vacancia presidencial. Esta vez, con 105 votos a favor, el Congreso de la República destituyó al entonces mandatario Martín Vizcarra. Así, Manuel Merino de Lama, presidente de aquel Parlamento, juramentó y formó un nuevo gabinete ministerial.

La destitución de Vizcarra Cornejo se basó en denuncias por presuntamente haber recibido dinero ilícito cuando fue gobernador regional de Moquegua. Específicamente, en los proyectos Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de dicha zona del país. El caso es investigado ahora por el Ministerio Público.

El régimen de facto del miembro de Acción Popular duró poco más de cinco días tras las presiones en su contra por la muerte de dos manifestantes asesinados en la marcha del 14N y un Congreso que pedía su carta de renuncia.

Marchas contra el Gobierno de facto y dos jóvenes asesinados

La ciudadanía inició las manifestaciones el mismo día que se perpetró el golpe de Estado en el Congreso. Sin embargo, fue el jueves 12 de noviembre que se organizó la primera gran marcha nacional. A través de redes sociales, jóvenes, adultos, madres y padres de familia y hasta personas de la tercera edad tomaron las principales avenidas del país para mostrar su disconformidad ante lo hecho en el Parlamento.

Ya ese mismo día, la represión de la Policía Nacional del Perú —ahora con un proceso abierto en el Ministerio Público— era evidente. Bombas lacrimógenas, disparos y detenciones eran denunciados por los asistentes a la protesta. Un video, por ejemplo, registró a un presunto agente terna que realizó un disparo al aire.

Pese a que el ministro del Interior del Gobierno golpista, Gastón Rodríguez, negó la presencia de los agentes terna, el jefe del Escuadrón Verde, coronel Freddy Velásquez, confirmó en Canal N que sus miembros sí participaron en las marchas del 11 de noviembre en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto a pesar que en manifestaciones de este tipo está prohibida la asistencia de agentes terna.

Dos días después, el sábado 14 de noviembre se dieron los lamentables asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos jóvenes que se encontraban en la primera línea y que fueron impactados por perdigones disparados por la Policía en el Centro Histórico. Cerca de las 11.00 p. m., los reportes televisivos ya daban cuenta de las decenas de heridos que llegaban a las áreas de emergencia de los hospitales.

De acuerdo a un reporte del Ministerio de Salud, 107 ciudadanos fueron atendidos aquel día producto de los enfrentamientos con los efectivos. Tras la renuncia de Merino por la presión de la ciudadanía y el deceso de los jóvenes, los días siguientes fueron de homenajes y memoriales por los ahora recordados como Héroes del Bicentenario.

Cinco ministros de Salud

Solo cinco días después del inicio de la cuarentena total en todo el país, el entonces presidente Vizcarra anunciaba el primer cambio en el Ministerio de Salud: Víctor Zamora tomó la posta de Elizabeth Hinostroza en el sector y estuvo en el cargo cuatro meses.

El 15 de julio de 2020, tras los cuestionamientos en el Congreso por el manejo de las acciones frente a la pandemia, Zamora dejaría la posta a Pilar Mazzetti. Todo esto en medio también de denuncias por compras irregulares de productos sanitarios.

“Ha causado muchas muertes. Acá no se puede decir que no hay abuso de autoridad, porque si bien es cierto, el señor ministro envió equipos de protección para profesionales de la salud, ellos reclamaron que estas mascarillas no servían, no eran las adecuadas”, sostuvo, por ejemplo, Tania Rodas, parlamentaria de APP, sobre Zamora, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

El 12 de noviembre de 2020, cuatro meses después, tras el golpe de Estado de Merino de Lama, Abel Hernán Salinas Rivas juramentó como nuevo titular del sector Salud. Sin embargo, tras la caída del régimen, Mazzetti regresaría con el gabinete de Francisco Sagasti, el 3 de diciembre de 2020.

Finalmente, tras el destape del caso Vacunagate, Óscar Ugarte fue designado por el actual mandatario para continuar con la labor de Mazzetti, quien renunció tras reconocer que se inmunizó irregularmente con las dosis donadas por Sinopharm.

Vacunagate

El domingo 14 de febrero, La República denunció que funcionarios del gobierno de Martín Vizcarra se vacunaron con 2.000 dosis que donó el laboratorio chino Sinopharm. Un presunto conflicto de interés, en el cual están involucrados funcionarios públicos, empresarios y médicos, es investigado por el Ministerio Público y una comisión del Congreso.

Tras el informe que entregó la comisión investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), se determinó, finalmente, que las dosis adicionales que ingresaron al Perú fueron 3.200.

“El código de ética de la función pública tiene prohibiciones de obtener ventajas indebidas y de mantener intereses en conflicto; de otra parte, está la arista penal: los fiscales pueden interpretar la donación como un soborno adelantado”, comentó sobre este caso Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, a El País.

A la mayoría de los peruanos no le sorprendió el caso de la inmunización anticipada contra la COVID-19 de un grupo de privilegiados, según una investigación realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República.