Arequipa: Procuraduría denuncia pérdida de 10 vacunas en hospital militar

Los presuntos actos irregulares que habrían ocurrido en dos hospitales militares y clínicas particulares de Arequipa, con relación al manejo de las vacunas Sinopharm entregadas por el Gobierno, propiciaron que la Procuraduría Anticorrupción acuda al Ministerio Público para realizar una denuncia penal.

Durante la mañana de este miércoles, Mario Luna Ramos, procurador público anticorrupción en Arequipa, acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para denunciar los delitos de peculado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra los que resulten responsables.

La denuncia se desencadenó luego de que la Contraloría informara —días atrás— que en el caso de los establecimientos médicos militares se detectaron una serie de presuntas irregularidades.

Así, por ejemplo, en el Hospital Militar Divisionario III advirtieron la falta de 10 vacunas de las 168 que recibieron. Las autoridades del establecimiento entregaron documentación para acreditar la inoculación de 158 dosis, pero no supieron explicar qué ocurrió con las demás. Asimismo, los auditores detectaron que se vacunó a cinco personas que no figuran en el padrón de beneficiarios.

Paralelamente, en el nosocomio de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) encontraron que parte de las dosis fueron aplicadas a 16 personas que no tendrían vínculo laboral con la institución.

Con relación a las clínicas privadas, en San Juan de Dios, al parecer, ocho personas que no prestan servicios en el establecimiento habrían recibido la vacuna.

De los informes de control concurrente, también se desprende que varias personas están registradas en más de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (Ipress). Los casos identificados corresponden a las clínicas Arequipa (5), San Juan de Dios (31), Sanna Clínica del Sur (111) y en San Pablo de Arequipa (45).

A todos estos hechos recurre la Procuraduría Anticorrupción de Arequipa para sustentar su denuncia penal en agravio del Estado y la Gerencia Regional de Salud.

Se presume “que se estaría afectando el uso adecuado de las vacunas Sinopharm que entregó el Gobierno a favor de las entidades de salud de Arequipa para aplicar al personal que actualmente se encuentra en primera línea de lucha contra la COVID-19”, dice en su denuncia la entidad tras solicitar que se determine quiénes participaron en estos actos, aparentemente, ilícitos.