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Sociedad

Lambayeque: detectan más de S/ 3 millones de perjuicio económico en HRL

La Contraloría identificó este problema en la adquisición de vales de consumo por canastas navideñas a trabajadores del Hospital Regional Lambayeque en 2015, 2016 y 2018.

La Contraloría también identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en funcionarios del hospital: Foto: Contraloría
La Contraloría también identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en funcionarios del hospital: Foto: Contraloría

La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 3 197 888 en la adquisición de tarjetas y vales de consumo por concepto de canastas navideñas para trabajadores de los D.L. 276 y 1057 del Hospital Regional Lambayeque (HRL), durante los años 2015, 2016 y 2018.

Según el Informe de Auditoría N° 001-2021, el otorgamiento de dichos beneficios extraordinarios está prohibido por normativa laboral y presupuestal.

También precisó que en la entrega de alimentación al personal comprendido en el D.L. 276 debió acreditarse que el beneficio constituya una condición de trabajo, mientras que el D.L. 1057 no contempla el otorgamiento de derechos adicionales a la remuneración, aguinaldos y vacaciones a favor del personal CAS.

Desembolsos y responsabilidades

Empero, el nosocomio desembolsó de manera irregular S/ 1.000.000 en 2015, S/ 1.078.014 en 2016 y S/ 1 119 874 en 2018, lo que afecta los intereses institucionales y la legalidad con la que debe regirse la gestión pública.

El presupuesto utilizado en estos beneficios correspondía a la atención de servicios de salud y diversos programas presupuestales de la institución.

Al mismo tiempo, se identificó la presunta responsabilidad penal y administrativa de 14 funcionarios y servidores del nosocomio durante la gestión regional 2015–2018.

Vulneración a la norma

Cabe indicar que en 2015, para la adquisición de vales y tarjetas de consumo, durante las actuaciones preparatorias, se otorgó la constancia de previsión presupuestal sin la firma de la jefa del área de Administración y, pese a no contar con todos los requisitos exigidos, se tramitó el expediente de contratación.

En tanto, en 2016, se otorgó la constancia de previsión presupuestal, sin incluir la firma de la jefa de administración y sin tener la certificación presupuestal.

En el año 2018, se otorgó la constancia de previsión presupuestal, pese que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) comunicó la prohibición normativa.

Periodista egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chiclayo (UDCH). Redactora de la sección Sociedad de La República y con interés en temas políticos.