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Buscan destitución de juez que ordenó internar en UCI a paciente COVID-19

Federación Médica del Perú (FMP) alista denuncia administrativa contra el juez Manuel Vargas por intromisión en las funciones exclusivas de los especialistas médicos.

Documento será ingresado entre el lunes 22 y martes 23 de febrero. Foto: La República
Documento será ingresado entre el lunes 22 y martes 23 de febrero. Foto: La República
Jesús Díaz

El pasado 7 de febrero, con resolución 00702-2021-0-1618-JR-CI-01, el juez supernumerario Manuel Vargas Guerra, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, dictó una medida cautelar en favor un ciudadano que luchaba contra el coronavirus y que había sido catalogado como prioridad III, de acuerdo a criterio médico, el 2 de febrero.

Ello significaba que no era candidato a ocupar una cama en la unidad de cuidados intensivos (UCI), porque dicha prioridad refiere a un paciente “inestable y crítico, con pocas posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad”, tal como está establecido en los criterios de priorización para el ingreso a UCI (anexo 1) del documento técnico sobre las consideraciones éticas para la toma de decisiones en los servicios de salud durante la pandemia.

De ese modo, el paciente fue ingresado al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de EsSalud, junto a un respirador mecánico que la propia familia consiguió y, de ser necesario, un médico particular para que monitoree el uso del equipo.

Esta decisión alertó a la comunidad de galenos por contravenir el acto médico, la Ley del Trabajo Médico y su reglamento, así como la Ley General de Salud, la cual señala, en su artículo 42, que cualquier veredicto de los especialistas puede ser revertido única y exclusivamente a través de auditorías médicas internas o externas, y no por interferencia de profesionales de campos ajenos a la medicina.

Denuncia administrativa

Ante ello, la Federación Médica del Perú (FMP), tras tomar conocimiento de esta intromisión a través de Carlos Valderrama, titular de su base regional en La Libertad, alista una denuncia administrativa con la clara intención de conseguir la destitución del magistrado autor del dictamen.

“Se trata de una medida cautelar, por lo que es para ejecución inmediata. (…) El juez en la parte resolutiva cambió el grado de III a I, para que pueda ingresar a una cama UCI. Esa decisión no le compete al juez, es una decisión netamente médica y médicos especialistas, ni siquiera de médicos generales”, sostuvo Fidel Cruzado, jefe de asesores legales de la FMP, a La República.

En cuanto a la denuncia que será presentada la semana siguiente, entre el lunes 22 y el martes 23 de febrero, Cruzado indicó que se busca que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) actúe según su competencia, sino que la eleve a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual tiene atribución para destituir a un juez.