Cusco: gestión Benavente contrató abogados que no reunían perfil y sin concurso
Contraloría detectó pagos de S/ 28.000 y S/ 33.000 para contratar abogados para la Oficina de Abastecimiento y la Gerencia de Desarrollo Social, respectivamente. Al parecer, ni siquiera realizaron labores.
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Cusco. La gestión del gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente García, contrató a asesores externos sin experiencia y en base a unos términos de referencia inadecuados. Contraloría detectó la contratación de dos abogados para la Oficina de Abastecimiento y la Gerencia de Desarrollo Social por S/ 28.000 y S/ 33.000. Los abogados debían brindar servicios de asesoría externa para los contratos de servicios de transporte aéreo humanitario, hospedaje y alimentación para los retornantes de Lima.
“Los requerimientos efectuados fueron de servicios cuando correspondía solicitar servicios de consultoría”, precisa Contraloría en el informe de servicio de control específico 053-2020. Esa precisión está fijada en la directiva 001-2020 sobre las normas para contratar bienes, servicios y consultorías del Gobierno Regional del Cusco.
Servicios en cuestión
La selección del abogado para la Oficina de Abastecimiento, Diego Alonso Córdova, se hizo a pesar que este no acreditó cumplir los Términos de Referencia (TdR) y en el proceso solo había una cotización válida, cuando la norma exige tres como mínimo para validar un proceso. En los TdR no se exigió experiencia laboral específica. El contrato fue por 90 días y empezó a regir el 15 de abril de 2020.
Córdova entregó sus informes señalando el trabajo que había hecho. Precisó coordinaciones y trabajo con el Consejo Regional, Gerencia de Desarrollo Social y otros, pero según los jefes de estas instancias el abogado no prestó servicios de asesoramiento ni mantuvo coordinaciones. Pese a ello se le pagó S/ 28 000.
Asimismo, la contratación de la abogada para la Gerencia de Desarrollo Social, Laura Gil Puma, tampoco cumplió con los TdR. Ella informó que asesoró y elaboró TdR e informes técnicos de contrataciones directas de seis órdenes de servicio para la contratación de alojamiento y alimentación de los retornantes. No obstante, resulta que estas contrataciones se hicieron el 30 de abril del 2020 antes de la contratación de la abogada, 15 de mayo.
Fechas no cuadran
Asimismo, la contratación de la abogada para la Gerencia de Desarrollo Social, Laura Gil Puma, tampoco cumplió con aplicar los TdR ni fue tramitado como una consultoría. Gil además postuló también al otro puesto, pero fue descalificada porque no tenía 4 años de experiencia en contrataciones. En cambio, en Desarrollo Social solo pusieron como requisitos experiencia laboral de siete años asesorando entidades públicas o privadas y ninguna experiencia específica, como disponen las normas.
Además, Gil Puma estaba inhabilitada por el Colegio de Abogados por falta de pago cuando prestó los servicios al Gobierno Regional del Cusco. Su contrato fue por 60 días desde el 15 de mayo.
En este caso, Contraloría detectó que la abogada informó que asesoró y elaboró los TdR y los informes técnicos de contrataciones directas de seis órdenes de servicio para la contratación de alojamiento y alimentación de los retornantes. No obstante, resulta que estas contrataciones se realizaron antes de la contratación de la abogada. Dichos documentos ya estaban elaborados y concluidos el 30 de abril del 2020 y ella fue contratada el 15 de mayo. También hay incongruencias en sus informes o entregables de su trabajo.
