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Sociedad

Lambayeque: ocho colegios particulares fueron sancionados durante la pandemia

Oficina Regional de Indecopi (ORI), en 2020, registró 482 reportes y consultas en el sector educativo. Además, 29 reclamos y 11 denuncias.

Además, de las 202 fiscalizaciones realizadas, 118 fueron en colegios privados. Foto: La República/referencial
Además, de las 202 fiscalizaciones realizadas, 118 fueron en colegios privados. Foto: La República/referencial

En Lambayeque y otras regiones del Perú, el estado de emergencia obligó a muchos colegios particulares a impartir clases virtuales. El nuevo escenario tomó por sorpresa a las instituciones que no estaban preparadas, lo que generó malestar en padres de familia, quienes exigieron la reducción de las pensiones y una mejora en la calidad de servicio.

Solo en esta región, de acuerdo a la Oficina Regional de Indecopi (ORI), se atendieron 482 reportes y consultas del sector educativo. En esa línea, se conoció que de las 202 fiscalizaciones realizadas, 118 fueron colegios privados. Además, se registraron 29 reclamos y 11 denuncias (ocho terminaron en sanción).

A nivel nacional

En Perú, durante el contexto de pandemia, entre las conductas más reportadas y consultadas del 2020 se encuentran: el cobro de pensiones pese al estado de emergencia (2.940); disconformidad por reducción de pensiones (2.750); no reembolso de matrícula, pensión u otros (1.179); no idoneidad de clases virtuales (403); y problemas con el trámite de traslado del alumno (271).

Lo anterior conllevó a que, desde la declaratoria de la emergencia del 16 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, se realizaran 3.364 fiscalizaciones a colegios del sector privado, de acuerdo a estadísticas de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi.

Del total, 668 entidades incumplieron con alguna obligación mencionada en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en este caso padres y alumnado.

El detalle fue que el 15,72% cobró pensiones sin haber brindado el servicio, el 14,97% cobró de forma adelantada, el 6,89% suspendió la prestación por falta de pago, el 5,84% realizó el cobro de cuota no autorizadas, el 5,54% no brindó información sobre características y condiciones, el 3,14% no informó sobre la devolución de útiles escolares y el 2,69% direccionó adquisición de útiles, textos o uniformes en la misma institución u otro establecimiento.