Capacitan a miembros de comunidades indígenas para luchar por sus territorios
Al menos 585 comunidades en Perú son afectadas por proyectos extractivos y de infraestructura, según estudio de la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.
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Los pueblos indígenas de Junín, Pasco y Ucayali enfrentan a diario la pérdida de su identidad cultural, la escasa participación política, la deforestación de sus suelos y la baja producción de los mismos.
Frente a esta situación, las organizaciones Cáritas Selva Central y Cáritas Española impulsan el proyecto Ecología integral en la selva peruana, el cual busca contribuir con la exigencia del respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas, así como la implementación de políticas públicas interculturales y de recuperación del ecosistema amazónico.
Comunidades indígenas. Foto: difusión
Esta iniciativa promueve el fortalecimiento del desarrollo socioambiental de los pueblos indígenas Asháninca y Yanesha, garantizando sus derechos territoriales, ambientales, alimentarios y de equidad de género en las provincias de Oxapampa y Chanchamayo.
“Buscamos que estas personas sean capaces de asumir su liderazgo y que sean protagonistas de su propio desarrollo”, explicó el Diácono Wolmar Bernuy, Secretario General de Cáritas Selva Central.
Entre las acciones que desarrolla el proyecto destacan la implementación de 90 hectáreas productivas agroecológicas, talleres de capacitación a los beneficiarios sobre cultivos agroforestales, pasantías de experiencias exitosas de ecología integral, desarrollo de talleres sobre la territorialidad, gobernanza ambiental y modelo de desarrollo, seminarios dirigidos a instancias del Estado, sociedad civil y medios de comunicación sobre Ecología Integral y Desarrollo Sostenible, entre otros.
Las organizaciones trabajan articuladamente con 942 indígenas (157 familias) de las comunidades Loma Linda, Shiringamazu, Tsachopen, El Milagro, Hanswald y Santa Rosa de Chivis. También coordinan con 80 líderes de las organizaciones indígenas, la Federación de Comunidades Nativas Yaneshas (Feconaya) y la Asociación de Comunidades Nativas Ashánincas del Palcazu (ANAP), así como también con 30 funcionaros del sistema judicial y 39 del gobierno local, provincial y regional.
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