Esterilizaciones forzadas: el origen de la política de Estado que violó derechos reproductivos

Gloria Purizaca

Diferentes organizaciones señalan que las esterilizaciones forzadas son delitos de lesa humanidad, es decir, son actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil. Foto: Archivo PNSRPF
Diferentes organizaciones señalan que las esterilizaciones forzadas son delitos de lesa humanidad, es decir, son actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil. Foto: Archivo PNSRPF

Miles de mujeres fueron esterilizadas a la fuerza a raíz de una política fujimorista implementada con fines económicos. Las sobrevivientes aún no encuentran justicia.

Ser mujer, indígena y pobre en Perú es estar condenada a la indiferencia, el olvido y la injusticia. Así lo demuestra el caso de las más de 300.000 mujeres, en su mayoría provenientes de zonas rurales en situación de pobreza, que fueron esterilizadas contra su voluntad y que, más de 20 años después de cometidos estos delitos de lesa humanidad, aún no obtienen ningún tipo de reparación.

Estas ligaduras de trompas forzadas fueron parte de una política de Estado durante el mandato de Alberto Fujimori, que tenía como meta fundamental el “desarrollo” económico y la reducción de la pobreza, mas no respetar los derechos reproductivos, como indica Christina Ewing en el libro Memorias del caso peruano de esterilizaciones forzadas, de la investigadora Alejandra Ballón. ¿Cómo nació esta política fujimorista que esterilizó a la fuerza a miles de mujeres?

Solo 1.316 mujeres que sufrieron esta violación de derechos humanos fueron convocadas por el Ministerio Público a brindar sus testimonios. Foto: difusión

Aplicación de políticas neoliberales

“El hombre más oprimido puede oprimir a otro ser humano, que es su mujer. Ella es la proletaria del propio proletario”, dijo Flora Tristán, escritora feminista y socialista francoperuana en el siglo XIX. Con este enunciado evidenció cómo las mujeres indígenas, campesinas, nativas, andinas, amazónicas y afrodescendientes son el último eslabón ante una opresión económica, sociocultural y política.

Las políticas de Alberto Fujimori no fueron la excepción a esta visión sobre los cuerpos de estas mujeres. Cuando ingresó al poder, decretó a los 90 como la Década de la Planificación Familiar y aplicó las reformas adoptadas en el Consenso de Washington de 1989, el cual es la fuente de donde proviene la instauración del modelo neoliberal en América Latina, detalla un ensayo de los investigadores mexicanos Rubí Martínez Rangel y Ernesto Soto Reyes Garmendia.

En dicho texto describen que cuando estalla la crisis de los años 80 en la región latinoamericana, las políticas del Consenso de Washington se posicionan como el modelo que debían aceptar los países de este territorio “para acceder a las ‘herramientas económicas’ o a los préstamos de los organismos internacionales”.

“Fujimori no llega con un plan de gobierno para insertar económicamente al Perú al sistema financiero internacional. Él acepta aplicar políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, inclusive del Banco Interamericano del Desarrollo. Una de estas políticas eran las de población que se basaba en el control demográfico de determinada población y con ciertos métodos”, menciona en entrevista con este diario Maria Ysabel Cedano, abogada feminista de la ONG Demus.

Así, el control del cuerpo de las mujeres fue “el interés principal de una élite política mayoritariamente blanca y masculina, como un medio de alcanzar sus metas de desarrollo económico”, explica la investigadora Christina Ewing.

“Dueñas de su destino”

En 1995, Alberto Fujimori declaró que las peruanas serían “dueñas de su destino” para luego anunciar que su Gobierno implementaría algunas medidas orientadas a “democratizar los servicios de planificación familiar con el fin de asegurar el acceso de la población más pobre”.

Ese mismo año, el Congreso de la República, con la congresista fujimorista Martha Chávez como presidenta, modificó en tan solo un día la Ley Nacional de Población con la finalidad de incluir la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), la cual estuvo previamente prohibida para aplicar en los centros de salud del Estado. “Esta ley decía que el aborto y la AQV no eran métodos anticonceptivos porque, para la iglesia católica, esterilizarte es disponer del cuerpo, y del cuerpo y la vida solo dispone Dios para ellos”, sostiene Cedano.

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Tras ello, se aprobó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) 1996 - 2000, encontrándose al frente del Ministerio de Salud el doctor Eduardo Yong Motta. Dicho programa establecía cuotas y metas cuantitativas al personal de salud de las zonas más pobres del país.

El texto de Christina Ewing en el libro Memorias del caso peruano de esterilizaciones forzadas sostiene que estas cuotas eran fijadas por Yong Motta y supervisadas por él y por Fujimori Fujimori. Esto ocasionó que se lleve a las mujeres con engaños, amenazas e información falsa (y en una lengua diferente al que ellas hablaban) para realizarles las ligaduras de trompas contra su voluntad.

En noviembre de 1996, la abogada Giulia Tamayo encontró los primeros indicios y evidencias de las esterilizaciones forzadas. Por azar, la investigadora se acercó a un establecimiento de salud de Huancabamba, Piura, y pudo divisar un documento que contenía las metas numéricas de lo que se conocía como la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) para esta provincia.

Ante las denuncias, el Subcomité de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos del Congreso Norteamericano visitó Perú en enero de 1998 para investigar posibles violaciones a los derechos humanos y la participación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), considerando entre otros puntos la investigación del posible uso de alimentos —financiados con fondos de ese país— para la captación de usuarias, según el informe Nada Personal del CLADEM.

Con la ayuda de diferentes organizaciones civiles se descubrió que a muchas de estas mujeres no se les brindó información alguna antes y/o después de esterilizarlas. Por lo general, estas intervenciones se ejecutaron en condiciones insalubres e incluso sin anestesia, sin cuidados previos o posteriores a las ligaduras de trompas a las que fueron obligadas a someterse.

Se registró un incremento significativo en el año 1996 y 1997 en Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Junín, Puno y San Martín, según datos recogidos por Demus del Minsa, IPPS y FFAA. Foto: Demus

Olvidadas y sin justicia

“Ellos piensan que está bien disponer del cuerpo de las indígenas y de las mujeres pobres, analfabetas, quechuablantes y jóvenes. Esta fue una política racista, clasista, patriarcal e incluso capitalista”, manifiesta Maria Ysabel Cedano de la ONG Demus.

De acuerdo a esta organización, 211.000 mujeres esterilizadas no recibieron información completa sobre el AQV y otras 25.000 no recibieron información sobre el carácter terminal del procedimiento. Solo 1.316 mujeres que sufrieron esta violación de derechos humanos fueron convocadas por el Ministerio Público a brindar sus testimonios.

Han pasado 24 años desde que denunciaron ser víctimas de delitos de lesa humanidad —actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil—, ejecutados durante las gestiones de los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, durante la dictadura de Alberto Fujimori, quien no asistió a la última audiencia del 11 de enero de 2020 por una supuesta descompensación de salud.

A la vez, el Poder Judicial postergó por tercera vez la presentación oral de la denuncia penal, debido a que no se contaba con una intérprete que domine la lengua quechua de Cusco para traducir el testimonio de una de las víctimas presentes.

“Es terrible que no se reconozca que fue un delito, que no fue nuestra culpa, que nos obligaron a esterilizarnos. Nos ha impactado a nosotras, a nuestras familias. Y seguimos esperando justicia. No queremos esperar otros 20 años”, expresó María Elena Carbajal, de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre pasado.