La Libertad: entidades no cumplen con cuota laboral de personas con discapacidad

A ocho años de la promulgación de la ley n.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿se cumple con la cuota de empleo del 5% en las entidades públicas?

El 24 de octubre de 2020, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) contrató bajo régimen CAS a 30 personas con discapacidad de un total de 685 trabajadores, cuyo vínculo culminó el 31 de diciembre, para fines de reordenamiento urbano, seguridad ciudadana y control de transporte y comercio informal. Así, afirmaba ser la primera institución pública de La Libertad en cumplir con esta cuota.

Inserción laboral

Al respecto, el coordinador regional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Juan Abanto Rodríguez, aclaró que el porcentaje mínimo exigido por ley se calcula en base al número total del personal y no tomando como referencia los contratados en un solo concurso público, como hizo la comuna. Por lo tanto, se trató de una inconsistencia.

“La municipalidad está en un promedio del 2%. Ninguna institución cumple con la cuota laboral de trabajadores con discapacidad, a pesar de los esfuerzos. A pesar de que hoy se capacitan en institutos, escuelas superiores y universidades. Todavía hay un poco de discriminación, de rechazo de los funcionarios y los empresarios”, señaló.

A su vez, Maruja Huertas Flores, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la MPT, refirió que un sinceramiento de las planillas de la comuna demostraría que no se llega ni al 1%. Indicó que, aproximadamente, 80 trabajadores con diferentes discapacidades y niveles de discapacidad laboran en las distintas gerencias y subgerencias.

Por su parte, el jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, José Agüero Lovatón, afirmó que en 2017 encabezó una supervisión en las instituciones públicas por tratarse de un año donde hubo diversas quejas sobre el incumplimiento de la cuota, y se encontró con una realidad donde no se alcanzó ni siquiera el 1%.

Es un problema de larga data que se evidencia, por ejemplo, en un reporte enviado por la Subgerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional de La Libertad al Conadis, en 2018, donde solo 13 (9 hombres y 4 mujeres) de 851 trabajadores pertenecían a este grupo vulnerable.

Entre las dificultades para la inserción laboral se identificaron: el incumplimiento del perfil, la falta de mecanismos de sanción y las brechas de inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.

Perfil sin enfoque

Agüero Lovatón manifestó que los concursos se realizan sin un enfoque de discapacidad, con perfiles muy técnicos, lo que dificulta el acceso de esta población a los puestos de trabajo. “En los concursos, generalmente, por su vulnerabilidad, las personas no tienen el perfil, por más que se beneficien de la bonificación (15% sobre el puntaje final) en el concurso público no tienen experiencia. Esa era su excusa; decían: ‘No podemos contratar personas que no cumplen los requisitos que estamos exigiendo’”, enfatizó.

Lo anterior podría relacionarse directamente con los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), donde se muestra que, en su mayoría, las personas con discapacidad solo completaron estudios primarios (32%) y secundarios (29,6%); además, únicamente el 9,1% de la población con discapacidad culminó estudios universitarios, y el 13,9% no registra nivel alguno de educación.

Esa última data nacional develaba que 1.144.380 personas con discapacidad forman parte de la población económicamente activa (PEA). Es decir, 39,6% del total de este grupo en edad laboral.

No hay sanciones

En cuanto a los mecanismos de sanción, la ley n.º 29973 establece, en el tercer inciso del artículo 49, que la fiscalización y aplicación de multas recae sobre la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en conjunto con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis); sin embargo, hasta la fecha en la región no se han aplicado sanciones.

“En el Conadis se está haciendo la fiscalización, pero falta implementar el procedimiento administrativo sancionador (PAS) para que se impongan sanciones a las entidades”, refirió Abanto.

Brecha

Finalmente, la presencia de brechas en la inscripción es otro de los problemas. Al 2020, en la región La Libertad, el coordinador del Conadis estimó una población de 2 millones, cuyo 10% sería el número de personas con discapacidad, equivalente a 200.000.

No obstante, solo 12.000 están inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, por lo que la brecha es superior al 90%, la cual se debe al desinterés y/o negativa en registrarse o por la dificultad de acceder al certificado de discapacidad (debe ser entregado en hospitales autorizados o médicos certificadores).

Sin dudas, situaciones que acentúan la condición de vulnerabilidad de quienes pugnan por tener un trabajo digno y estable.