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Defensoría del Pueblo exige investigación célere por asesinato de defensor ambiental

Ysela  Vega

@larepublica_pe

06 Ene 2021 | 13:32 h
El 23 de diciembre de 2020, la Policía encontró el cadáver de ambientalista en distrito de Pítipo. Foto: PNP
El 23 de diciembre de 2020, la Policía encontró el cadáver de ambientalista en distrito de Pítipo. Foto: PNP

El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque pidió a la Fiscalía considerar los estándares que establece la ONU en el proceso por el homicidio de Jorge Luis Muñoz.

La Defensoría del Pueblo demandó a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ferreñafe garantizar la debida diligencia en la investigación por el presunto homicidio del defensor ambiental y cultural, Jorge Luis Muñoz Saavedra.

El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, señaló a La República que pidió a las autoridades fiscales respetar la normatividad y los estándares de protección nacional e internacional emitidas a favor de las personas defensoras de los derechos humanos.

El funcionario consideró que es necesario que el Ministerio Público desarrolle el proceso de investigación de manera eficaz y valore la declaración sobre los defensores de derechos humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Identificar a los responsables

En ese sentido exigió aplicar los estándares internacionales señalados, en el plazo debido y de manera célere para identificar a los responsables del defensor ambiental y cultural, quien veló y protegió el patrimonio de la ciudadanía, resguardando los 400 sitios arqueológicos y la riqueza natural que conforma el complejo de Tambo Real en la provincia de Ferreñafe.

Como se recuerda, Jorge Luis Muñoz se dedicó durante varios años a la defensa del patrimonio natural y cultural, en el sector IV del Parque Arqueológico de Batán Grande (región Lambayeque), lugar donde resguardaba los árboles endémicos para evitar que sean talados.

Amenazas de muerte

El 23 de diciembre de 2020, el defensor ambiental fue encontrado muerto dentro de un saco abandonado en el anexo La Pluma, en el distrito Pítipo.

Según señala la Defensoría, el ciudadano habría recibido amenazas por parte de personas dedicadas a la minería ilegal, tala ilegal y tráfico de especies forestales.