Arequipa: Gerencia de Trabajo entregó irregularmente canastas valorizadas en S/ 1.700

LR Arequipa

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23 Dic 2020 | 20:19 h
Beneficio se otorgó a través de un acuerdo de negociación colectiva. Foto: La República
Beneficio se otorgó a través de un acuerdo de negociación colectiva. Foto: La República

Contraloría advirtió que beneficio fue entregado a trabajadores sindicalizados y funcionarios en 2019, lo que generó un perjuicio de más de S/ 871.000.

La Contraloría identificó un perjuicio económico de S/ 871.620 en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa como consecuencia de la aprobación y entrega de canastas de alimentos a trabajadores sindicalizados y funcionarios, situación por la que se incumplieron las normas presupuestales.

Según el informe de servicio de control n.° 057-2020-2-5334-SCE que evaluó desde del 18 de marzo de 2018 al 31 de diciembre de 2019, a través de un acuerdo de negociación colectiva, dicha gerencia aprobó la entrega de una canasta de alimentos por el valor de S/ 1.700 para cada servidor sindicalizado por medio de tarjetas electrónicas durante el 2019.

Sin embargo, este concepto no se configuró como mejora en las condiciones de trabajo, que es el argumento utilizado para lograr el beneficio. Contraloría advirtió que esto más bien constituyó un ingreso económico que contraviene la Ley de Presupuesto del Sector Público, la cual prohíbe el reajuste, incremento o creación de bonificaciones y beneficios de toda índole.

Esto ocasionó un primer perjuicio económico a la entidad de S/ 774.523.

Asimismo, en la entrega de canastas de alimentos se incluyó a servidores que ocupan cargos de dirección, hecho que supuso una transgresión del artículo 42 de la Constitución Política del Perú en el que se establece que funcionarios de Estado se encuentran excluidos del derecho de sindicalización y de los beneficios derivados de los convenios colectivos. El pago indebido significó una pérdida S/ 97.097.

El órgano de control notificó este panorama al gobernador Elmer Cáceres Llica, a quien le recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe. También sugirió al procurador público proceder con las acciones legales contra los implicados.

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