Funcionarios públicos, lo que no deben hacer en el proceso electoral

El Gobierno está en la obligación de garantizar la neutralidad del aparato estatal durante el periodo electoral. El presidente Francisco Sagasti aprobó el decreto supremo –y se publicó ayer- para asegurar la imparcialidad de los funcionarios y servidores del Estado.

Así, cada trabajador público está prohibido de hacer uso de recursos o bienes estatales a favor o en contra de algún candidato a un cargo de elección popular. Nadie que trabaje para el Estado puede hacer propaganda a favor de organizaciones políticas o candidatos dentro o fuera del local de la institución cuando esté en horario de trabajo, permanezca en un local institucional y durante las comisiones de servicio.

Asimismo, está impedido de colocar en bienes públicos símbolos, lemas, imágenes u otros elementos que identifiquen o promuevan una postulación, así como debe evitar la entrega de un local institucional o infraestructura para uso proselitista.

Mucho menos pueden echar mano a recursos públicos o utilizar las donaciones para impulsar campañas propagandísticas alusivas a algún candidato. El especialista en temas electorales, Oscar Matutti Sánchez, dijo que la norma es un instrumento que evitará el uso de recursos estatales en beneficio propio o de terceros. “Las prohibiciones disminuyen que los funcionarios puedan manipular el patrimonio del estado en beneficio propio o de sus partidos. Creo que además esto se debe vigilar desde el Ministerio Público, Defensoría, Poder Judicial, entre otros. Se debe evitar que algunas entidades desvíen fondos a favor de una candidatura”.

Uso de datos

Los funcionarios tampoco pueden utilizar datos o información abierta o confidencial que posee la entidad “con el objeto de favorecer o perjudicar a alguna organización política o candidato en contienda”.

Ningún funcionario puede contratar, despedir u obligar a renunciar a un servidor público por su afiliación a una organización política. Igualmente está prohibido condicionar un puesto laboral o la prestación de un servicio a la afiliación o militancia en alguna organización. En materia de publicidad estatal, no pueden hacer inserciones en medios impresos, spots televisivos y radiales de mensajes a favor de los postulantes.

“Hemos avanzando, pero falta mucho camino para evitar que se use dinero del Estado en campañas electorales”, anotó Matutti Sánchez.

Incumplir las prohibiciones genera sanción

Un funcionario o servidor público tiene la obligación de denunciar cualquier acto que contravenga la neutralidad establecida por la norma. Lo puede hacer de manera reservada o anónima y la entidad tiene la obligación de cuidar la identidad del denunciante y debe otorgar “medidas de protección al denunciante”.

Aquellos servidores o funcionarios que incumplan las prohibiciones deberán enfrentar procedimientos administrativos disciplinarios y sanciones establecidas en la Ley del Servicio Civil. Servir prevé, dependiendo de la gravedad, amonestación verbal o escrita, suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por 12 meses y la destitución. Asimismo, estarán sujetos a denuncias civiles y penales.