Empresarios y expertos piden que TC anule ley de autos colectivos

Luego de que el Congreso diera luz verde a la Ley 28972, que formaliza el transporte interprovincial a través de taxis colectivos, con excepción de Lima y Callao, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Andia, y el gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus, Martín Ojeda, señalan que el Ejecutivo debería presentar una acción de inconstitucionalidad, pues la norma pone en peligro la vida de los pasajeros. ’'Esta formalización va a aumentar el índice de siniestralidad’', afirma Ojeda.

Precisamente, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzáles, advirtió el viernes que formalizar esta clase de transporte generará que los accidentes de tránsito incrementen.

La República se comunicó con el MTC y, tal como lo había adelantado Gonzáles, manifestó que se esperará al texto final.

La ley, que había sido observada por Martín Vizcarra y aprobada el viernes por insistencia, contempla que los automóviles que serán admitidos como colectivos son los de clasificación M1, con carrocería sedán o station wagon. Asimismo, las unidades de clasificación M2 para zonas rurales y urbanas. Podrán ser vehículos con más de ocho plazas, sin incluir la del conductor, su masa máxima no podrá superar las cinco toneladas. No podrán ser modificados ni adaptados.

Además, el MTC estará a cargo de autorizar el servicio de transporte público de pasajeros en automóvil colectivo en el ámbito nacional e interregional, entre ciudades y provincias que estén en distintas regiones. Mientras tanto, los gobiernos regionales y locales autorizarán el servicio en los ámbitos interprovincial e interdistrital, así como entre provincias y distritos que estén dentro de la misma región

¿Por qué es un peligro?

Ojeda explica que es imposible que estos vehículos tengan a dos conductores, como ocurre con los buses, para hacer un recambio, pues no disponen de literas. Agrega que no disponen de terminales y que trabajan con el SOAT personal. Vale resaltar que nos encontramos en una pandemia que también exige distanciamiento social.

Mientras que Quispe Andia explica que estos vehículos no contienen control GPS ni tampoco de velocidad. ’'Desarrollarán una mayor velocidad de lo que corresponde. Según el reglamento, los vehículos de transporte público pueden ir máximo a 90 km por hora’'.

Asimismo, señala que los viajes provinciales siempre deben ser hechos en buses y no vehículos pequeños. Además, estos no cuentan con terminales en donde se les puede fiscalizar. Él hace énfasis que la informalidad existente parte del servicio interprovincial que se ofrece. Si esta mejorara, entonces la población no necesitaría hacer uso de esta clase de servicio.

El experto considera que deberían existir más terminales terrestres, conocidos también como terrapuertos, en donde los pasajeros reciban un mejor servicio y haya más orden.

También recuerda que si el Tribunal Constitucional no considera la ley como inconstitucional, entonces el MTC tendría que reglamentar la ley. ’'Al reglamentarla estamos entrando a que debe haber condiciones. No puede haber transporte individual’'. Y sostiene que ’'el transporte interprovincial se está llevando a una situación caótica, en lugar de avanzar’'.

El dato

Las pérdidas. Martín Ojeda cuenta que debido a la competencia desleal, el 2018 y 2019 las empresas han tenido pérdidas de S/ 450 millones por año. Y añade que el Estado también ha perdido ingresos, ya que los colectivos no tributan.