Proyecto de presupuesto del sector público 2021 no obliga a invertir en discapacidad
Ni a alcaldes ni a gobernadores. De acuerdo a la Defensoría, al menos en tres regiones, ninguna autoridad local ejecutó el porcentaje que se le autorizó en el presupuesto de este año para proyectos que beneficien a la población con discapacidad.
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Los gobiernos locales y regionales estarían un año más sin estar obligados a invertir, en total, el 1% de su presupuesto institucional a favor de las personas con discapacidad, según el proyecto de Presupuesto para el 2021 que se debatió este jueves en el Pleno del Congreso.
De acuerdo a la trigésima segunda disposición complementaria final de esa propuesta, establecida en el proyecto de Ley n.° 6076, los gobiernos subnacionales están autorizados a utilizar el 0,5% de su presupuesto para la realización de obras en infraestructura urbana, en las que se priorice a las personas con discapacidad; y otro 0,5% para financiar los gastos operativos y otros de las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (Oredis) y las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped).
Sin embargo, en septiembre último, la Defensoría del Pueblo remitió un oficio a la Comisión de Presupuesto del Parlamento, presidida por Humberto Acuña, de Alianza para el Progreso, en el que recomienda cambiar el término “autorizados” por “obligados”, ya que la aplicación del primero de ellos “resulta insuficiente para garantizar la ejecución presupuestal a favor de los derechos de las personas con discapacidad”.
“La autorización [...] tiene un carácter facultativo que no favorece la priorización ni la correcta ejecución de dicho presupuesto”, se lee en el documento suscrito por Eugenia Fernán Zegarra, primera adjunta de la Defensoría.
Lo mencionado por dicho ente autónomo se ajustaría a que, según sus propias supervisiones, en lo que va del año, al menos en las regiones de Puno, Huánuco y Tumbes, ninguna autoridad asignó el 0,5% de su presupuesto institucional a las Oredis y Omapeds, ni el 0,5% para la accesibilidad en la infraestructura urbana.
Frente a esta situación, surge la interrogante: ¿cuál es la institución encargada de supervisar o monitorear la ejecución de esos presupuestos? La respuesta debería ser el Consejo Nacional para la Integración de la Personas con Discapacidad (Conadis). Sin embargo, tal como respondió a este medio el presidente del ente, Marco Antonio Gamarra, la ley de presupuesto del 2020 no les da la potestad para obligar a los gobiernos subnacionales.
“Solo podemos exhortar a que ejecuten hasta el 1% de su presupuesto. Ellos pueden ejecutar más porcentaje. Ojalá lo hicieran”, dijo.
Tal como la ley que rige este año, la que sería aprobada para el 2021 solo indica que los gobiernos locales y regionales deberán informar al Congreso y al Conadis sobre la ejecución de ese presupuesto una vez al año, noventa días después de que culmine el año fiscal correspondiente.
A raíz de ello, la Defensoría del Pueblo propuso que se designe al Ministerio de Economía y Finanzas como el ente que desarrolle mecanismos “que permitan realizar el monitoreo del cumplimiento de la ejecución” de ese porcentaje a favor de las personas con discapacidad.
La utilización del término “autorizados” se remonta al 2019, cuando el Ejecutivo, entonces liderado por Martín Vizcarra, emitió el Decreto de Urgencia n.° 014, que aprobó el presupuesto para este año. Hasta el 2018, las autoridades locales y regionales estaban obligadas.
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