Arequipa: las razones jurídicas para destituir a Elmer Cáceres Llica

Carlos Herrera

Fallo judicial. Cáceres Llica tiene dos días para apelar decisión judicial.
Fallo judicial. Cáceres Llica tiene dos días para apelar decisión judicial.

Desarrollo. En la sentencia del juez Luis Madariaga, se detalla una serie de observaciones que se hicieron a la gestión regional por parte del Ministerio Público y Contraloría que no fueron absueltas. También cuestiona la falta de sustento en las respuestas que dio el Gobierno Regional de Arequipa a la demanda.

La sentencia que ordena destituir del cargo de gobernador regional de Arequipa a Elmer Cáceres Llica, se fundamenta en que no tuvo la capacidad para hacerle frente a la pandemia de la COVID-19. No supo implementar protocolos, adecuar ambientes, proteger al personal de salud, entre otros. Todas esas observaciones están comprendidas en informes de la Fiscalía de Prevención del Delito y de la Contraloría y que no fueron corregidos en su momento por la entidad regional.

Estos aspectos fueron desarrollados ampliamente por el juez Luis Madariaga en su sentencia. El análisis de los hechos le permite al magistrado concluir en que hubo " incapacidad y negligencia” de parte del Gobierno Regional de Arequipa, que es representado por Elmer Cáceres Llica.

Lo que no se hizo

En los considerandos décimo segundo al décimo sexto, el juez enumera las observaciones que se hicieron durante marzo y abril al Gobierno Regional. Uno de los primeros informes a los que se hace referencia es el que elaboró la fiscal de prevención del delito, Esther de Amat. El 10 de marzo, hizo una inspección al hospital Goyeneche, donde verificó una serie de deficiencias que van desde la falta de señalización para que un paciente COVID sepa por dónde dirigirse al interior del hospital, hasta falta de una zona de triaje y baño, que sea independiente a otros ambientes. En cuanto a la zona para los pacientes críticos, este era antiguo y le faltaba implementación de equipos y de enfermería. Tampoco se observó la zona para desechar materiales contaminados, ni donde el personal de salud se cambie de indumentaria o equipo de seguridad.

Otro de los informes que se toma en cuenta en el fallo es el elaborado por Contraloría el 21 y 22 de abril. En este se detalla todas las carencias que en esas fechas tenía el hospital Honorio Delgado Espinoza a más de un mes de iniciada la emergencia sanitaria. Por ejemplo, se detectó que lo ventiladores mecánicos que se trajeron de centros de salud al nosocomio, no funcionaban por carecer de accesorios. Tampoco se implementó ambientes necesarios para el funcionamiento de las áreas de emergencia y UCI, lo que generaba riesgo de no brindar un adecuado servicio a los pacientes.

En cuanto a las áreas de emergencia y UCI del hospital no contaban con equipo biomédico mínimo, lo que afectaba la atención de los pacientes críticos.

Sobre los equipos de lavandería, estaban inoperativos por falta de mantenimiento, lo que incrementaba el riesgo de contaminación cruzada. También existía una falta de abastecimiento de equipos de protección personal (EPP) e insumos de bioseguridad para el personal.

El juez agrega que pese a la contundencia del informe de Contraloría, la Procuradora Pública del Gobierno Regional de Arequipa, responde que el objetivo de las observaciones fue “advertir que en las acciones que viene desarrollando la entidad evaluada, hay observaciones que deben prevenirse o corregirse a fin de asegurar un resultado o logro exitoso, y no de acusar incumplimientos normativos y omisión de acciones”.

Otro informe de Contraloría que se toma en cuenta es el elaborado entre el 24 de abril al 07 de mayo. Allí se toca la ejecución de la construcción de sala de observación y adquisición de equipo de seguridad para el servicio de control, en el hospital regional Honorio Delgado. Esta sala se edificó en el Centro de Convenciones de Cerro Juli. Pese a que la obra contaba con expediente técnico aprobado el 14 de abril de 2020 y un presupuesto de S/ 1 millón 611 mil 372, se detectó que la Región no regularizó, registró ni publicó en el SEACE la documentación de las contrataciones directas para la obra. Tampoco consideraba la ubicación de áreas de triaje, almacenamiento final de residuos biocontaminados y provisión de agua de manera continua. También se carecía de protocolos para el monitoreo, evaluación de gravedad y flujos de ingreso y salida de los pacientes.

Respuestas que matan

El juez también observó las respuestas de la Procuradora Regional Rosa Vallejos Beltrán. Indica que la contestación de la demanda fue genérica. En los medios de prueba que adjuntó se detalla una serie de acciones realizadas por el Gobierno Regional, tales como la implementación y operatividad del laboratorio para pruebas, adquisición y abastecimiento de medicamentos, distribución de equipos de protección especial en los hospitales de la región, entre otros. “Sin embargo es un hecho notorio y de público conocimiento que la cantidad de pruebas COVID-19 realizadas han sido absolutamente insuficientes”.

También hace referencia que fallecieron varios médicos que laboraban en los hospitales de la región, quienes incluso, conjuntamente con el personal de enfermeras, reclamaron sobre la falta de implementación y distribución de los equipos de protección; “lo que evidencia el incumplimiento de estas acciones relacionadas directamente con los protocolos”.

Ello fue evidenciado en la medida cautelar que se emitió el 29 de mayo y que fue ratificada por la Sala Mixta de Emergencia el 9 de julio. En este punto es preciso indicar que Cáceres no cumplió la medida y fue multado con S/ 6500.