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Arequipa: Yamila Osorio niega haber recibido soborno y acusa a ICCGSA de venganza

Debate. Fiscal sustentó impedimento de salida del país para la exgobernadora de Arequipa y anunció pedido para levantar secreto bancario y telefónico. En 48 horas se decidirá su suerte.

La Republica
Audiencia virtual. Juez, fiscal, abogado y Yamila Osorio debatieron por plataforma digital. Gobernadora se declara inocente.
Elmer Mamani

Desde Navarra, España, Yamila Osorio respondió a las acusaciones del Equipo Especial Lava Jato. La exgobernadora regional de Arequipa participó de la audiencia virtual en la cual se solicitó para ella impedimento de salida del país por 18 meses. El planteamiento lo hizo el fiscal Hamilton Montoro Salazar. El Ministerio Público la acusa de solicitar un soborno de S/ 2 millones de la empresa ICCGSA y de recibir de adelanto 450 mil soles para firmar el contrato de las obras del tramo III de la Variante de Uchumayo.

“Es un acto de venganza por haber actuado en defensa de los intereses de Arequipa. Si no nunca se hubiera terminado la obra”, se defendió.

Osorio explicó que resolvió el contrato a ICCGSA porque esta abandonó la obra. Así se ejecutó las cartas fianza por 30 millones de soles para cancelar deudas a pequeños y micro empresarios, proveedores de ICCGSA impagos. Sino ejecutaba las fianzas estas pequeñas empresas quebraban, dijo.

En un momento acusó al fiscal Montoro de brindar información sesgada al juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, como achacarle responsabilidad del incremento a la obra por 2 millones de soles. También acusó al fiscal de filtrar la información a los medios de comunicación. La exautoridad por poco se quiebra cuando hizo referencia a la muerte de su hermana en enero de este año. Esto para explicar sus constantes ingresos y salidas del país. “Yo no he salido a España corriendo después de haberme enterado por los medios de comunicación de la denuncia. Estoy aquí siguiendo un proyecto de crecimiento profesional”, alegó.

Osorio explicó su récord migratorio. Detalló que en el 2019 salió a España (enero), al Vaticano (febrero) y en otro momento a Australia (de marzo a abril). Desde agosto salió a nuevamente a España a realizar estudios. Volvió al país en marzo del 2020 por la muerte de su hermana, para realizar una investigación para su master y cosechar sus sembríos arroz.

No respondió a las acusaciones del letrado Montoro del pago de S/ 450 mil y de una reunión con tres directivos de ICCGSA en un restautante de Lima para exigir el resto de la coima; tal como afirman los dos colaboradores eficaces.

Secreto bancario y telefónico

El fiscal informó al juez que entre las 14 diligencias que ejecutará está el pedido de levantamiento del secreto bancario y telefónico. También indicó que realizarían traslados hacia Arequipa para recabar información. “Es necesario para que el Ministerio Público pueda cumplir con estas acciones el impedimento de salida. La señora ya no se encuentra pero si visita el Perú es necesario sujetarla”, indicó Montoro.

El defensor de Osorio, Aldo García, sostuvo que no es necesaria la medida. Aseveró que su patrocinada tiene permiso estar en España hasta diciembre para culminar su doctorado en la Universidad de Navarra. Además de que se encuentra con su padre en ese país por que se les practica un ensayo medico por una enfermedad oncológica. Subrayó que entre las diligencias solo en una la Fiscalía necesita de la participación de la exautoridad, para su declaración. El fiscal le respondió que preparan más diliegencias en vista que la investigación recién se aperturó días atrás.

Cuando le tocó dar sus descargos, Osorio se quejó de que el fiscal se valga de sus 27 investigaciones fiscales en Arequipa para señalar que no regresará al país. Adujo que ni estando en España faltó a alguna diligencia. El juez tomará la decisión en 48 horas.

Colaboradores eficaces la acusan

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Hamilton Montoro,ratificó en la audiencia las acusaciones de los dos colaboradores eficaces. Que Osorio a través de Edgar quien señaló ser su primo pidió un soborno de 2 millones antes de que se firme el contrato con la empresa ICCGSA. Para la defensa de la exgobernadora las declaraciones de los colaboradores no son elementos de convicción. Sostuvieron que se debe denegar este pedido.