Francisco Sagasti y los tres conflictos que le esperan en Puno
Protestas. En la cuenca de Llallimayo y Coata pobladores están hartos de consumir agua contaminada. Capazo insiste con paralizar proyecto de Vilavilani que trasvasará aguas a Tacna. Dirigentes piden presencia de ministros para dar salida a reclamos.
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El gobierno transitorio de Francisco Sagasti tiene la obligación de atender tres conflictos sociales vigentes en la región Puno. Los dirigentes de los sectores movilizados no están dispuestos aceptar que pase más el tiempo. Hace meses atrás, incluso durante los meses de la pandemia, mantuvieron vigente sus reclamos. “Este gobierno tiene que darle prioridad a Puno. Hay movilización permanente”, aseguró el sociólogo Carlos Flores.
Dos de los reclamos están focalizados en la zona norte. Se trata de la cuenca de Llallimayo (Melgar) y Coata (Puno). Los primeros exigen resarcimiento y proyectos de remediación ambiental por la actividad de mina Aruntani. La operación minera ya cerró pero persiste la contaminación en los ríos. Demandan una comisión de ministros con capacidad de decisión que dialoguen con los representantes de los afectados.
El daño lo sufren los distritos ganaderos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri. En estas localidades los suelos agrícolas ya no producen alfalfa como antes y las vacas mueren con diarrea cada cierto tiempo debido a la contaminación hídrica. Los afectados retomarán su huelga indefinida el 23 de noviembre. El alcalde de Cupi, Marcelino Surco, aseguró que la población está molesta y necesita urgente presencia de los representantes de Estado.
No hay agua
En Coata, otro distrito de Puno, el drama es parecido. Los comuneros no tienen con qué preparar sus alimentos.El río Coata está contaminado con aguas servidas de la ciudad de Juliaca. Su máximo dirigente Félix Suasaca Suasaca, dijo que Sagasti, tiene que priorizar Puno, de por medio está la vida de las personas. “Van a continuar las protestas sino hay soluciones”,dijo.
Rechazo al trasvase
En la frontera entre Puno y Tacna, la población del distrito puneño de Capazo, exige la cancelación del proyecto Vilavilani. La obra supone el trasvase de las aguas altonandinas para fines de consumo humano. Pero a la vez es un riesgo para el medio ambiente porque se secarán los bofedales, según los comuneros.
“Lo único que queremos de este gobierno es que cancele esta obra y todo vuelve a la normalidad. No queremos nada más. Y este nuevo gobierno tiene que atendernos cuanto antes. Sino las luchas continúan y no nos vamos a detener.”, aseguró José Yujra, dirigente de capazo.
Este panorama advierte que Puno seguirá siendo un foco de protestas de cara a las próximas elecciones. Las paralizaciones atizan más las contradicciones. El defensor del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona aseguró que el nuevo gobierno debe aprender de la lección y no esperar que pase el tiempo para atender las exigencias planteadas. Planteó una articulación entre los tres niveles de gobierno para el caso de Puno.
Ticona cree que Puno es una región con alta conflictividad y sí se le debería dar prioridad porque hay anuncios concretos de paralización en marcha.
Carlos Flores, cree que no habría que subestimar a Puno, porque sus conflictos por historia siempre tuvieron un desenlace fatal cuando sus reclamos no son atendidos a tiempo. “Todas las regiones son importantes. Pero habría que empezar con Puno”, dijo.
Periodista egresado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Actualmente videorreportero de la Unidad de Respuesta Periodística Inmediata de La República (URPI-LR).
