Rosario Galarza sobre una nueva ley para las personas con discapacidad: “No es pertinente en un contexto de pandemia”

La comunicadora social y experta en temas de discapacidad, Rosario Galarza, habla sobre las imprecisiones y la falta de consulta para la elaboración de un predictamen que podría convertirse en una nueva legislación para esta comunidad.

Rosario Galarza: "La ley 29973 no es una ley perfecta, necesita ángulos modificatorios, pero debe consultarse a las personas con discapacidad". Foto: composición Andina
Rosario Galarza: "La ley 29973 no es una ley perfecta, necesita ángulos modificatorios, pero debe consultarse a las personas con discapacidad". Foto: composición Andina
Katherine Morales

En agosto de este año, la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad del Congreso de la República presentó un predictamen que busca aprobar otra ley de personas con discapacidad. Sin embargo, varias organizaciones se han manifestado en contra de esta propuesta, porque no se les informó a tiempo ni pidieron sus aportes.

Una de ellas es Rosario Galarza, fundadora de la asociación Comisión de Damas invidentes del Perú (CODIP), quien ha alzado su voz para pedir un protocolo de consulta para su comunidad. Además, en entrevista para La República, señala que considera poco clara y práctica esta iniciativa debido a que apunta a derogar la actual Ley General de Personas con Discapacidad Nº 29973.

¿La posible aprobación de una nueva ley de discapacidad es favorable para ustedes?

Yo creo que más que decir que no es favorable, lo que podríamos decir es que no es pertinente en un contexto de pandemia. Primero, porque la consulta no puede ser garantizada en su plenitud, las barreras no son solo por cuestiones de tecnología que no todos manejan; sino también, por cuestiones de conectividad a internet. Segundo, porque el hecho de que se derogue la Ley General 29973, que es lo que se pretende, implicaría la necesidad de una reglamentación que puede durar más de año y medio.

Este predictamen propone un nuevo vocabulario, ya no se empleará el término ‘persona con discapacidad’, sino ‘persona en situación de discapacidad’, ¿esto significa un avance o retroceso?

La discapacidad es un concepto que evoluciona. Sin embargo, el término que se utiliza ahora es porque está en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y hasta que no haya algún acuerdo, se va a seguir usando. ¿por qué utilizar personas en situación de discapacidad sin haber analizado de repente el término diversidad funcional? Yo creo que deberíamos esperar que haya un consenso para cambiar el término.

Además, al cambiar esta terminología uno tiene que emplear recursos para cambiar logos y nombres a las diferentes instituciones. Todas estas leyes que hablan de personas con discapacidad también tendrían que sufrir algún tipo de cambio en los términos para que se armonice toda la legislación; por eso, nosotros pensamos que sería un retroceso.

El predictamen tiene un artículo que habla sobre asistentes personales, ¿esto es beneficioso para las personas con discapacidad?

El artículo 19 de la Convención señala que para que podamos vivir de manera independiente en la comunidad se necesita ciertos sistemas de apoyo como la asistencia personal. Esto no va en desmedro de la autonomía, pues la persona con discapacidad sigue siendo quien toma las decisiones, simplemente tiene un asistente que lo va a apoyar en algunas actividades.

Consideramos que incluirlo en un capítulo conciso del predictamen no es suficiente, debería haber una ley específica; así como, hay una Ley de lengua de señas o una Ley de perros guía. El asistente personal no tiene que ser necesariamente la familia, porque sino pierden el derecho a tener un empleo.

¿Los asistentes personales deberían ser solventados por el Estado?

Que lo provea el Estado o que pueda pagar parte de su salario. Creo que podría ser interesante que se garantice por lo menos parte del pago y en el caso de personas de muy bajos recursos o en extrema pobreza proveerles el apoyo o la asistencia, de repente no las 24 horas del día, pero por lo menos medio tiempo o algo que el Estado pueda pagar.

¿Está de acuerdo con la creación de centros de atención residencial que se establece en el predictamen?

No, eso contraviene la Convención donde se dice que tenemos derecho a vivir de forma independiente en la comunidad. En los centros de atención residencial las personas con algún tipo de discapacidad están internadas. Se supone que ahí les proveen un servicio con terapias, pero lo ideal es que puedan estar en la comunidad y tener el apoyo de su familia.

Ser recluido en estas etapas de pandemia hace que las personas tengan mayores riesgos de contagio. En lugar de centros residenciales, debería haber hogares de acogida, donde tal vez los niños con discapacidad intelectual, que no tienen parientes, reciban atención y puedan tener una dinámica familiar.

Con respecto a educación se establecen medidas de apoyo económico y mejorar la accesibilidad en los centros de estudios ¿es suficiente?

La Ley 29973 es bastante completa en el tema, pero el detalle es que todavía no se ha implementado completamente. Además, no hay una política nacional de educación inclusiva por lo que coexisten la educación especial y la educación básica regular.

Más que cambiar la ley consideramos que lo que hay que garantizar primero es la accesibilidad, ajustes razonables para que todas las personas con discapacidad puedan acceder al trabajo y educación.

¿Se les consultó a las diferentes organizaciones para la elaboración de este predictamen?

Esa es la gran preocupación. El artículo 14 de la Ley general habla de consulta a las personas con discapacidad. Cualquier política debe ser consultada por lo menos 30 días antes para que podamos hacer las observaciones necesarias. Cuando el Conadis hizo dos mesas técnicas, tres días antes recién se circuló el predictamen y muchos no pudieron leerlo por lo extenso que es (250 hojas).

La ley 29973 no es una ley perfecta, necesita ángulos modificatorios, pero eso debe hacerse primero con la garantía de que se va a consultar a las personas con discapacidad.

Obtener las opiniones no solo los que viven en Lima, sino también en provincia

Sobre todo a los que están en provincia, esto supone desplegar una serie de medios. No solo el Zoom, sino otras herramientas; tal vez por teléfono, porque no todos manejan la misma tecnología y no todos pueden conectarse al internet. Eso supone un tiempo mayor de 4 meses para que todas las personas con discapacidad puedan hacer sus observaciones y decidir si se modifica o se hace una nueva ley. Por eso, nosotros decimos “no a la derogatoria", pues no se nos ha hecho la consulta.

¿Cuál es la mejor forma de hacer una consulta efectiva para las personas con discapacidad?

Este predictamen nos enseña que debe haber un protocolo de consulta a las personas con discapacidad, donde se oriente cómo hacer este proceso. Se pueda realizar con la ayuda de las organizaciones y en base a los instrumentos internacionales. Es una obligación del Estado, porque la Convención menciona que los Gobiernos deben realizar consultas a las personas con discapacidad sobre toda legislación que les comprenda.

Datos adicionales

-La abogada Pamela Smith, especialista en temas de discapacidad y directora de la ONG Sodis, señala que el predictamen no solo establece la derogación de la actual Ley General de Personas con Discapacidad, “sino también de otros instrumentos como la Ley de lengua de señas, la Ley de perros guías, la Ley de la sordoceguera, todos pierden vigencia en el ordenamiento jurídico".

-¿Cuáles serían las consecuencias?: “Le va aponer pausa a las reformas que ya se han venido gestando y vamos a tener que enfocar los esfuerzos reglamentar de nuevo, promover procesos de apropiación de la norma, cuando no se ha justificado que esto sea necesario”, explica la letrada.

-El próximo 2 de noviembre la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad del Congreso realizará una sesión, donde se ha invitado a algunos representantes de las organizaciones de personas con discapacidad.

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