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Defensoría exige que autoridades no relacionen actividades criminales con poblaciones migrantes

Ello, un día después de que el alcalde de La Victoria, George Forsyth señalara que el 80% de mafias en el distrito están compuestas por extranjeros. Sin embargo, índices de criminalidad lo contradicen.

Agentes de fiscalización del distrito de La Victoria en Gamarra. Foto: Marco Cotrina / La República
Agentes de fiscalización del distrito de La Victoria en Gamarra. Foto: Marco Cotrina / La República

La Defensoría del Pueblo exige a las autoridades públicas a no relacionar las actividades criminales con poblaciones migrantes y refugiadas en el país. “Declaraciones de tal sentido son discriminatorias y no resultan compatibles con nuestro marco constitucional”, señala la institución.

Así lo señaló la entidad este 1 de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que también indicó que la delincuencia “debe ser combatida sin atender a criterios de nacionalidad”.

Estas declaraciones se dan un día después de que el actual alcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth, afirmara que un 80% de migrantes venezolanos controlan las mafias en su jurisdicción. Sin embargo, el burgomaestre no señaló de dónde obtuvo dichos datos.

Respecto a este tema, según datos recogidos por IDL-Seguridad Ciudadana, hasta noviembre del 2019, la Policía afirmó haber desarticulado 1.028 bandas delictivas, de las cuales exactamente 1000 eran peruanas y 28 extranjeras (de diversas nacionalidades: colombianas, ecuatorianas, venezolanas, entre otras).

“Necesitamos apoyo porque estamos viendo violencia a niveles que no hemos visto antes, cómo nos enfrentamos a bombas molotov o a balazos”, declaró Forsyth este 30 de setiembre.

El alcalde, a su vez, hizo referencia a un fuerte enfrentamiento entre vendedores ambulantes y agentes fiscalizadores del municipio, hecho que se suscitó un día antes de sus declaraciones a la prensa.

Precisamente, ante el contexto de vulnerabilidad y exclusión que viven los refugiados venezolanos, las declaraciones de esta autoridad local propiciarían la creación de estigmas alrededor de ellos, estereotipos asociados a la criminalidad que, finalmente, fortalecen la xenofobia.

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