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Embarazos en menores de edad: leyes ignoradas, servicios paralizados y un panorama gris

Pamela  Huerta

Embarazos en menores de edad / foto referencial | créditos: La República
Embarazos en menores de edad / foto referencial | créditos: La República

En lo que va del 2020, Perú ha registrado más de 30 mil partos de menores de edad. Promsex advierte que la pandemia habría generado un retroceso de hasta 5 años en materia de salud sexual reproductiva y el futuro es complicado si no se toman acciones inmediatas.

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Al conocer a una menor de edad embarazada, casi siempre lo primero que se nos cruza por la mente es su futuro. Y más en un país como Perú, en el que, solo en lo que va del 2020, 33.365 niñas y adolescentes se han convertido en madres, según cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), por lo que se han visto forzadas a dejar de lado aquel anhelado provenir del que siempre les hablaron.

Pero también existen quienes probablemente no imaginaron que un futuro diferente fuera posible, debido a que sus condiciones socioeconómicas y las necesidades inmediatas no se lo permiten. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó en 2019 que el 24,9% de madres adolescentes vivía en extrema pobreza.

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Actualmente, el país enfrenta una emergencia sanitaria a causa del nuevo coronavirus, un enemigo que llegó sin avisar y que puso de cabeza nuestro ya precario sistema de salud. Muchos de los servicios de atención fueron suspendidos, entre ellos el de salud sexual y reproductiva. Pero, ¿cómo llegamos a este punto?

Para Susana Chávez, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), simplemente no se tomaron a tiempo las medidas necesarias para evitar este preocupante panorama.

“Lo que hay que decir es que no se tomó ninguna medida para prever este riesgo y aquellas que se tomaron fueron posteriores, es decir, después de que se cerraron los servicios. Aquí estamos afectando, por ejemplo, una medida que hubiésemos esperado que se asegure: la distribución de métodos anticonceptivos a través de las farmacias”, afirmó.

De acuerdo a proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una reducción en los servicios de salud sexual y reproductiva podría generar 15 millones de embarazos no deseados por año. Esto representa un mayor riesgo entre adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años, ya que la segunda causa de muerte en el mundo durante este intervalo de edad son las complicaciones en la gestación y en el parto mismo.

Leyes ignoradas en la práctica

El 22 de abril de 2020, cuando las miradas se centraban en los números que dejaba la pandemia, se aprobó la Directiva Sanitaria N° 094-2020, la cual tenía como propósito “garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por COVID-19”.

Resolución Ministerial | Créditos: captura RM

Lamentablemente, como se pudo comprobar a través de diferentes denuncias públicas, esto no fue suficiente para responder a la problemática. Pero esta conducta no es reciente, ya que según la especialista de Promsex, se trataría de un tema estructural que el Ministerio de Salud (Minsa) viene arrastrando.

“El Ministerio de Salud arrastra una gran cultura de rechazo para brindar el acceso a la anticoncepción a los adolescentes. Hay muchos profesionales que hacen el esfuerzo de brindar anticonceptivos, información y apoyar, pero también hay otros que ponen obstáculos y creen que dar métodos preventivos está prohibido”, indicó.

En ese sentido, el inconveniente no radica en una ausencia normativa, sino en el incumplimiento de esta. Siendo más precisos, las principales trabas para asegurar un servicio de salud sexual y reproductiva eficaz serían la falta de voluntad política y la influencia de los sectores conservadores.

¿Cuál es el panorama post pandemia?

Aún no se puede asegurar cuál será el impacto de la pandemia en los embarazos adolescentes; sin embargo, se prevé un aumento sustancial en las cifras. Para Susana Chávez, de acuerdo a registros del Minsa, la reducción de atención en casi el 50% de lo que se atendió el año pasado durante el mismo periodo puede dar indicios del escenario que se aproxima.

“El panorama va a ser muy triste ya que se tiene previsto un incremento sustancial de la pobreza y los embarazos en adolescentes se van a sumar a esa condición. Ya en el tema de insatisfacción o demandas no atendidas en anticoncepción, actualmente, hemos retrocedido cinco años. Esto de acuerdo a los datos que tenemos hasta el momento”, señaló.

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En ese sentido, la única forma de contrarrestar la situación sería ejecutando los recursos del Estado de manera estratégica. No basta con incrementarlos (lo cual es imprescindible), si los funcionarios públicos a cargo de su promoción y distribución continúan sobreponiendo prejuicios e intereses propios por encima de las normas.

“El Estado va a tener que inyectar muchísimos más recursos, los cuales se van a desperdiciar si no trabajan a nivel de los profesionales de la salud para eliminar las barreras que todavía operan en muchos de ellos. Los estereotipos, los prejuicios [...] Para que el Estado haga efectiva esa inversión tendrá que hacer una política seria de igualdad de género, promover la educación sexual y los métodos anticonceptivos en las escuelas. Tiene que facilitar los procesos, si no, no podremos avanzar”, indicó Chávez.

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