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En Arequipa aprueban ordenanza para sancionar cualquier tipo de discriminación

Deysi Pari

Logro. Defensor del Pueblo y activistas contra la discriminación luego de reunión en Consejo Regional que aprobó ordenanza. Foto: La República.
Logro. Defensor del Pueblo y activistas contra la discriminación luego de reunión en Consejo Regional que aprobó ordenanza. Foto: La República.

Habrá sanciones. Consejo Regional aprobó norma promovida por la Defensoría para evitar actos discriminatorios y sancionar administrativamente a funcionarios que incurran en ellos. La propuesta nació a raíz del caso de Elena Viza, la vigía discriminada racialmente.

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El caso de discriminación racista a Elena Viza Choquecondo, una mujer que trabajaba como vigía en la obra de la Variante de Uchumayo en Arequipa, causó profunda indignación el año pasado. Zuleika Alatrista Andía la insultó y todo quedó registrado en un video viralizado en redes sociales. “Chola de m***, yo te voy a denunciar, no sabes con quién te has metido. Tú no eres nadie... fuera de acá porque*** (…) ¿Qué has hecho salvaje?”, fueron algunas de las frases que la mujer lanzó contra Elena.

Ese suceso dio pie a que la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa elabore una propuesta de ordenanza para promover la igualdad y evitar la discriminación de todo tipo, además de prohibir y sancionar estas prácticas. La norma fue trabajada junto a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y algunos colectivos sociales. Tras más de un año de haber sido presentada, la ordenanza fue aprobada ayer 8 de septiembre por el Consejo Regional de Arequipa por unanimidad.

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La abogada Elena Cutipa de la Gerencia de Desarrollo sustentó ante el ente regional que, para la elaboración de la ordenanza, se revisó estadísticas de la I Encuesta Nacional de Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico – Racial para el Ministerio de Cultura.

Se verificó que en Arequipa entre el 41 a 45% de personas encuestadas dijo haber sufrido actos discriminatorios de algún tipo.

La ordenanza establece que el Gobierno Regional de Arequipa reconoce la igualdad de los seres humanos y rechaza toda forma de discriminación por razón de raza, sexo, religión, condición económica, clase social, posición política, orientación sexual, identidad de género, indumentaria, condición de salud, discapacidad, lugar de origen, nacionalidad o residencia, edad, idioma o de cualquier otra índole.

Esta norma también estipula que los actos discriminatorios están prohibidos en el ámbito educativo, de salud y laboral.

Además, establece sanciones para los funcionarios y trabajadores del sector público que discriminen a un usuario. “Serán pasibles de la sanción administrativa disciplinaria que corresponda y según la falta prevista en las leyes aplicables, previo debido proceso y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales”, señala el documento.

Caso reabierto

El defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique, intervino durante la sesión de consejo y recordó que el caso de Elena Viza, en primera instancia fue archivado por el Ministerio Público, pero ahora la investigación fiscal ha sido reabierta y podría pasar a investigación preparatoria.

También citó el caso de Ana Flavia Chávez Pedraza, una mujer transexual que fue discriminada a principios de año por trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa.

La también activista había acudido a la sede regional y dejó su documento de identidad en portería. Luego se retiró. Horas más tarde, un conocido le manifestó que su DNI se había viralizado en redes sociales y era objeto de burla.

Manrique señaló que este tipo de actos no pueden seguir permitiéndose, menos en las instituciones públicas que, se supone, deben prestar ayuda a la ciudadanía.

En el ámbito educativo

Según la ordenanza, en el ámbito educativo no se puede impedir el acceso a la educación pública o privada, a becas y a cualquier otro beneficio o incentivo por ninguna de estas condiciones.

Tampoco se puede exigir a los educandos la presentación de documentos o declaraciones que certifiquen su filiación o el estado civil de sus progenitores, en las instituciones educativas de todo nivel, sean públicas o privadas. Establece, además, que no se puede negar el ingreso, expulsar o sancionar a las personas por causa de embarazo, apariencia física, vestimenta, u otras causas antes referidas. Queda prohibido establecer contenidos, métodos o materiales pedagógicos en los que se promuevan actitudes discriminatorias.

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