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Policía compró mascarillas quirúrgicas y alcohol a proveedores que vendían licuadoras y baldes plásticos

Leonardo Muñoz

@larepublica_pe

Policías y proveedores fueron detenidos preliminarmente. Foto: Ministerio Público.
Policías y proveedores fueron detenidos preliminarmente. Foto: Ministerio Público.

Durante años ofrecieron bienes y servicios no afines al sector Salud. Esta madrugada, fueron detenidos junto a cinco policías por estar implicados en el presunto direccionamiento y sobrevaloración de equipos de bioseguridad.

Tras realizar un megaoperativo durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque logró la detención preliminar de once investigados -entre policías y proveedores- que estarían implicados en el presunto direccionamiento y sobrevaloración de equipos de bioseguridad destinados al personal policial de Lambayeque, Amazonas y Cajamarca.

Tal como consta en la resolución n.° 01 emitida por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, la unidad ejecutora número 28 de la II Dirección Territorial Policial de Lambayeque realizó 19 compras por un total de S/1′258,431.50 a favor de diez proveedores durante los meses de marzo y abril; es decir, en pleno estado de emergencia por la COVID-19.

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Según la investigación, encabezada por el fiscal provincial José Guevara Gilarmas, productos como mascarillas quirúrgicas, guantes quirúrgicos y alcohol en gel fueron adquiridos a proveedores que durante años —e incluso este 2020— celebraron contratos con la misma Policía, pero por diferentes servicios y bienes.

Así, se encuentran los proveedores Giovanna Luna Rojas, Inversiones Cear SAC (vinculada a Giovanna Luna), Claudia Hernández Cornejo, Ramón Andonaire Martínez, Paola Mccoy Milaés y Janeth Baldeón Limaylla, quienes ofrecieron venta de balanzas electrónicas, licuadoras, refrigeradores eléctricos, tanques de agua, mantenimiento mecánico de vehículos policiales, baldes plásticos, estantes, mesas, sillas, alquiler de camionetas y hasta refrigerios.

Esta situación fue evidenciada a través de las órdenes de compra y guías de internamiento de las contrataciones que se encuentran registradas en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

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De acuerdo a la resolución judicial, dichos indicios permiten inferir la existencia de un presunto direccionamiento de las contrataciones, “pues no resulta razonable que una determinada empresa o persona natural tenga la especialización en la venta de bienes y servicios tan heterogéneos”.

Por otro lado, la Fiscalía constató que no existe ningún almacén o negocio en los domicilios fiscales consignados por los proveedores. Incluso, detectó que existe una estrecha vinculación entre ellos, debido a que ofrecían la misma dirección como domicilio de traslado de los materiales vendidos o pertenecían a una misma empresa.

“Probablemente se trata de un solo proveedor que utiliza a diversas personas para realizar tales transacciones ilegales”, se lee en el documento.