La urgencia de romper la “cadena de exclusión” contra las personas con discapacidad

La pandemia del nuevo coronavirus ha mostrado diversas deficiencias que existen en nuestro país. Una de ellas es hacia las personas con discapacidad, quienes acentúan su brecha de inclusión en esta nueva normalidad.

Las personas con discapacidad también se han visto afectadas por la COVID-19. Foto: Composición LR
Las personas con discapacidad también se han visto afectadas por la COVID-19. Foto: Composición LR
Milagros Requena

María Ines Aspilcueta tiene 36 años y hace unos 15 se enteró que tenía glaucoma, una condición médica que hace que las personas pierdan la visión completamente. Su discapacidad visual alteró su estilo de vida y, con la pandemia de la COVID-19, ha tenido que volver a modificarla. Ha perdido su trabajo como fisioterapeuta y ha regresado a vivir con su familia.

En Perú, hay más de 3 millones de personas con alguna discapacidad, según el censo 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta población que también se ha visto afectada por el nuevo coronavirus representa el 10,3 % del total de los peruanos y las peruanas.

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Sin trabajo ni igualdad de oportunidad

María Inés tuvo que cerrar su centro de terapia debido a la cuarentena y las medidas decretadas por el Gobierno para contener el avance de la COVID-19. Está pensando brindar fisioterapias a domicilio, aunque sabe que podría representar un riesgo.“Es un poco difícil, pero a raíz de la necesidad tenemos que arriesgarnos o algunos lo hacen y tienen que salir, teniendo igual siempre la precaución y los cuidados para protegernos”, expresa.

De igual manera, Milagros García, quien tiene discapacidad física, también se ha visto afectada por la llegada de la enfermedad al país. Ella trabajaba desde el 2012 como personal de serenazgo en la Municipalidad de Villa El Salvador. Sin embargo, a raíz de la pandemia, la entidad pública decidió desvincularla del trabajo a fines de abril, declara.

“A todas las personas con discapacidad nos han retirado hasta donde tengo conocimiento (...). Ha sido un buen momento del Estado para botar personal, poner trabas, poner dificultades”, lamenta.

Para Pamela Smith, directora ejecutiva de la ONG Sociedad y Discapacidad (SODIS), en la reactivación económica no se considera a las personas con discapacidad. Además, desde la institución en la que labora, han monitoreado que varias personas con diversas discapacidades han sido o están siendo despedidas de sus centros de trabajo. “Cuando las cosas empeoran para todos, las personas con discapacidad se ven más afectadas”, enfatiza.

De acuerdo al artículo 49 de la Ley N° 29973, las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5 % y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3 %. Sin embargo, muchas empresas e instituciones públicas no cumplen con esta directiva.

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Con escaso apoyo monetario

Xenón Gordillo viaja por una ciudad inaccesible para cantar de carro en carro. Tiene 30 años y vive con discapacidad visual. Sus rutas sin acompañante son largas jornadas que con la llegada COVID-19 estuvieron paralizadas, pero la necesidad hizo que las vuelva a retomar. Ahora para cantar usa mascarillas, lleva alcohol en gel y protector facial.

Al igual que él, Xenón tiene varios compañeros y compañeras con discapacidad que salen a las calles para conseguir ingresos. “Uno que otro vendiendo, otros cantando en la calle, en los mercados”, comenta. Pese a su situación laboral y estar inscrito en el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), Xenón no ha recibido ningún apoyo económico en estos meses por parte de ninguna institución del Estado.

Uno de los principales reclamos por parte de esta población es la falta de apoyo económico, pese a que varios de ellos están en una situación económica precaria y afectados aún más por la pandemia de la COVID-19. Las personas con discapacidad tienen mayores gastos, comenta Pamela Smith, ya que necesitan un transporte especial, medicina y otro tipo de necesidades.

De acuerdo a una nota de prensa publicado a inicios de julio, el Conadis ya había brindado información del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para incluir a esta población dentro del apoyo monetario de 760 soles por la emergencia de la COVID-19.

Según Marco Antonio Gamarra, presidente del Conadis, se han beneficiado hasta la fecha a 237.739 personas con discapacidad de manera directa o indirecta con algún subsidio, de acuerdo a la información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta población representa EL 7.41 % total personas con discapacidad en el país.

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La falta de información

La primera y última encuesta especializada hasta la fecha sobre las personas con discapacidad data del 2012. La más reciente publicación sobre la que se tiene registro de este sector es del censo del 2017, en el cual 3 209 261 personas declararon tener algún tipo de discapacidad.

Sobre esas cifras y datos se siguen realizando políticas públicas. Pamela Smith enfatiza en que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto aún más los problemas de atención hacia esta población y la falta de información especializada que existe. Por eso, la ayuda no llega a quien debería corresponderle.

“Esta situación puso en evidencia que estos sistemas de recolección de información no están intercomunicados, no funcionan para los propósitos que deberían servir, que es definir política pública, y que hay una falta de data sobre la población con discapacidad”, advierte.

Marco Antonio Gamarra, presidente del Conadis, comentó a La República que del total de la población de las personas con discapacidad se tiene registrados en la institución a poco más de 300.000 personas, que aproximadamente representan el 10 % del total. Si bien esta cifra es pequeña, Gamarra expresa que aquellas personas que están el registro sí requieren el apoyo estatal.

“Lo bueno es que nosotros tenemos registradas personas que tienen discapacidad porque identifican que a través del registro van a tener algún tipo de cobertura. Eso se ha demostrado esta época de pandemia”, explicó. No obstante, sí señaló que aún faltan datos e información para realizar un mejor alcance de las políticas públicas.

“Ojalá más personas con discapacidad se registren para que nosotros podamos hacer diagnósticos más reales de lo que sucede en nuestra sociedad. (...) y poder focalizar adecuadamente políticas de salud, políticas de empleo, políticas de educación, que es fundamental en este tema”, agregó Gamarra.

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Sobre el tema de los bonos, desde el Conadis se expresó que los bonos del Estado no tienen una focalización por discapacidad y que es el Midis el cual tiene la clasificación para brindar el apoyo monetario y los que ejecutan esa acción. “Está mal empleado el término un bono por discapacidad porque los bonos están siendo entregados a los hogares calificados por pobreza y pobreza extrema”, acotaron.

El director del Conadis insistió en que la institución que lidera, hace poco menos de dos meses, es un ente facilitador y rector de articular los esfuerzos del Estado y la sociedad en general para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Como expresó, el Conadis no cuenta con presupuesto para atender materialmente las necesidades de esta población, sino que corresponden a diversos sectores ejecutar las recomendaciones que ellos dan.

Lo cierto es que si bien la atención hacia las personas con discapacidad parece estar dispersa, el alcance de los programas sigue siendo limitado por la falta de información actualizada. Para Pamela Smith, la pandemia de la COVID-19 debe ser motivo para incluir a esta población y así romper las “cadenas de exclusión” que viven.

“Este es un momento crucial para que se revise como la política pública está diseñada y se deba intentar reincorporar esta población dentro de las medidas. (...) Lo ideal es generar condiciones para que las personas se incluyan y a largo plazo en pensar en medidas estructurales que incluyan a todos y no pensar en medidas aisladas”, acota Smith.

De igual manera, Luzmila Muro, presidenta de la Comisión de damas invidentes del Perú, recalca que es necesario crear condiciones de oportunidades para incluir a las personas con discapacidad, más aún en la pandemia de la COVID-19. “La condición de discapacidad no implica que no seamos personas, al contrario somos sujetos de derechos y deberes como cualquier persona. Necesitamos de ajustes especiales, eso es así”, explica.