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Sociedad

Municipalidad de Chiclayo benefició a 20 funcionarios con canastas durante estado de emergencia

Contraloría advirtió que servidores públicos de diferentes entidades del Estado habrían recibido víveres, pese a no ser considerada población vulnerable.

Se conoció que gobiernos regionales y municipalidades son deudores con EsSalud.
Se conoció que gobiernos regionales y municipalidades son deudores con EsSalud.

Coronavirus en Perú. La Contraloría General de la República (CGR) volvió a poner en la mira la distribución de canastas realizada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El órgano de control detectó que dicha comuna habría entregado canastas a 20 funcionarios públicos de diferentes entidades del Estado, pese a que dicha ayuda estaba destinada a población vulnerable de escasos recursos económicos.

Tal como se estableció en el Decreto de Urgencia n.° 033-2020, la distribución de canastas tenía como finalidad disminuir la afectación de la economía de hogares con bajos ingresos que se mantienen a partir de actividades independientes; sin embargo, los servidores públicos no tienen esta condición puesto que son trabajadores dependientes del Estado con sueldos superiores a los S/1 400.

Según lo recopilado por la Contraloría en el informe de visita de control n.° 6170-2020, los 20 funcionarios públicos que habrían recibido las canastas laboran en el Gobierno Regional de Lambayeque, hospital Las Mercedes, Gerencia Regional de Educación, Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Policía Nacional, Fuerza Aérea y en el Gobierno Regional de Piura.

Contraloría: Funcionarios beneficiados con canastas por la municipalidad de Chiclayo.

Contraloría: Funcionarios beneficiados con canastas por la municipalidad de Chiclayo.

Asimismo, la CGR también advirtió que las firmas registradas para dar conformidad a la recepción de canastas de dos funcionarios beneficiados no guardaría relación con las rúbricas registradas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Líneas seguidas señaló que debe ser el propio municipio quien determine la responsabilidad penal por estos hechos.

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