Cusco: Vuelve a frustrarse diálogo por el bono de S/ 1000 en Espinar

TRATATIVAS. Autoridades, organizaciones sociales, minera Antapaccay y comitiva del Ejecutivo debían reunirse ayer. Grupo de PCM no pudo viajar a Yauri debido a las protestas.

La Republica
COMPLICADA SITUACIÓN. La posibilidad de reiniciar las conversaciones se frustró debido a la continuación de las protestas.

José Víctor Salcedo

Cusco

El diálogo se volvió a frustrar en Espinar para resolver el paro indefinido por el bono de S/ 1000 a cada uno de los electores de esta provincia cusqueña. La comisión de siete viceministros, la Alta Comisionada para el Corredor Vial Sur y el secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decidió no viajar a Yauri, capital espinarense, para reunirse con autoridades y dirigentes de organizaciones sociales.

Ayer por la mañana, la comitiva del gobierno central decidió suspender su viaje de Cusco a Espinar, porque “los diferentes actores no han llegado a un acuerdo para que el proceso de diálogo se desarrolle con la comisión de alto nivel”. Según el comunicado de la PCM, también tomaron conocimiento “que diversas organizaciones de la sociedad civil desconocen a la comitiva de alto nivel enviada por el Gobierno. Además, dijo que “se recibió información que dichas organizaciones han convocado a bloqueos y manifestaciones, lo cual va en contra del compromiso de paz social”.

PUEDES VER: Incrementarán casos de COVID-19 en Cusco

La cita se debía desarrollar en el local del colegio Coronel Ladislao de la ciudad de Yauri, capital de esta provincia. Al inicio la reticencia era de las organizaciones que habían pedido la llegada de una comisión de alto nivel, integrada por ministros y presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Luego, vino la decisión de la PCM. La población demanda la entrega del bono usando dinero del Convenio Marco, un fondo económico constituido por el aporte “voluntario” de la minera Antapaccay del 3% de sus utilidades anuales para “obras y proyectos de desarrollo sostenible” en los ocho distritos de Espinar.

Así empezó el conflicto

El 14 de mayo pasado, el Comité de Gestión del Convenio Marco, ente que administra los fondos y que está integrado por 8 miembros (7 representantes de alcaldes y dirigentes, y uno de la minera), aprobó por mayoría el uso de S/ 50 millones para la entrega de un bono de S/ 1000 a cada elector (44 mil en promedio).

El dinero, dijeron, servirá para que las familias puedan afrontar la crisis provocada por la pandemia en sus economías. Los representantes de Antapaccay se mostraron en contra de la propuesta de bono bajo el argumento de que esta “no cumple con la finalidad del convenio”. La minera sostiene que entregar dinero en efectivo está lejos de cumplir la finalidad del convenio y “resta recursos a proyectos de desarrollo sostenible ya aprobados”.

La minera alega que el fondo está comprometido para obras. El presidente del Comité de Lucha, Rolando Condori, y el vicepresidente de ese grupo, Fredy Llayque, precisan que los espinarenses están en su derecho de disponer el dinero. Desde el 14 de mayo hubo varias reuniones para implementar el bono. A su vez, Antapaccay decidió promocionar el plan “Reactiva Espinar” con iniciativas que considera “más sostenibles y eficaces” para mitigar el impacto del COVID-19. “Reactiva Espinar” consiste en la entrega de alimentos, medicinas y Equipos de Protección Personal (EPP), reactivación de comedores populares, microcréditos con cero por ciento de interés, etc.

PUEDES VER: Coronavirus en Cusco: Equipo de respuesta rápida pide mejoras laborales [VIDEO]

Otras demandas que Espinar incluyó a pliego de reclamos

La plataforma de lucha de Espinar no se limita a la entrega del bono sino también incluye la reformulación de los términos del Convenio Marco.

De igual forma, reclaman la revisión del proyecto minero Integración Ccoroccohuayco. Cuestionan la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA) del proyecto minero.

Un tercer pedido es la atención inmediata a toda la problemática de afectación por metales pesados. La demanda viene desde el 2012. Aquel año, un informe de la Digesa detectó la presencia de 23 metales y minerales en la población. Dos años antes, el 2010, el Censopas también halló metales pesados en el organismo de la población.