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Sociedad

Fiscalía pone bajo la lupa a más de 600 funcionarios por recibir canastas en el norte

Ministerio Público recaba información de servidores públicos que habrían sido beneficiarios de víveres adquiridos por municipios.

Funcionarios del norte del país pasarán a ser investigados por el Ministerio Público.
Funcionarios del norte del país pasarán a ser investigados por el Ministerio Público.

Coronavirus en Perú. Las Fiscalías Anticorrupción de cuatro regiones del norte han puesto bajo en la mira a 687 personas, entre funcionarios y servidores públicos, que fueron beneficiados con la entrega de canastas básicas de víveres dirigidas a familias en condiciones vulnerables por la emergencia sanitaria.

Recaban pruebas

De acuerdo a información recopilada por este diario, en el caso de la región Piura son cerca de 200 personas las que serían procesados por delitos de corrupción funcionarios, de los cuales 199 tienen un sueldo entre los S/1,200 y S/5,000. Los 10 restantes llegan a ganar hasta S/10,000.

Las pesquisas preliminares se iniciarán en los municipios de Piura, Sechura, Huancabamba, Ayabaca, Morropón, Bellavista y La Unión. En un primer momento, la Contraloría observó a un total de 369 públicos beneficiarios de canastas.

Un caso particular es que al menos un funcionario de la región Piura habría recibido una canasta familiar en dos oportunidades.

En el caso específico de Lambayeque, son 116 las personas que será investigadas por delitos como colusión agravada. De esta cifra, son 115 los servidores cuyos sueldos oscilan entre los S/1,000 y S/5,000.

Algunas de las comunas puestas en observación son la municipalidad de Chiclayo y la municipalidad de Ferreñafe, quienes entregaron canastas a funcionarios de la Gerencia Regional de Salud y Gerencia Regional de Educación. En la lista figura que las municipalidades de Picsi, Mochumí, La Victoria y Túcume también beneficiaron a servidores públicos.

Las fiscalías de La Libertad y Áncash también han empezado a recopilar información, y cada una tiene en la mira a 150 servidores públicos, respectivamente. Pese a que la cifra inicial que detectó la Contraloría en ambos departamentos es de 200 en cada uno.

En Áncash la mayoría de funcionarios beneficiarios son del sector educación de las provincias de Áncash: Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari y Santa. Mientras en La Libertad están los municipios de La Esperanza y Trujillo.

Otras de las regiones que han empezado diligencias es la región Cajamarca, donde el Ministerio Público ha puesto bajo investigación preliminar a 71 de 167 funcionarios que se beneficiaron con víveres para los pobres. Cabe indicar, que estas pesquisas forman parte de la información proporcionada por la Contraloría.

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